DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE JURISTAS ANTE LOS DECRETOS 656/2016 Y 721/2016

La Asociación Argentina de Juristas, Rama nacional de la Asociación Americana de Juristas – Organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que tiene entre sus objetivos la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del Estado Social y democrático de Derecho-, señala su profunda preocupación, por decisiones del Poder Ejecutivo Nacional que implican un grave retroceso de la institucionalidad democrática. El Decreto 656/2016 deroga el régimen de transparencia de los fondos de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fijado por el Decreto 1311/15, que habilitaba el acceso público a la información sobre el uso de esos fondos, con la única excepción de los recursos destinados a tareas especificas de inteligencia que mantenían carácter reservado, pero debían ser registrados, y su documentación respaldatoria susceptible de ser auditada por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. De tal modo que el manejo de los $ 1450 millones presupuestados para 2016 crea una caja negra que, como en el pasado, puede ser volcada a fines ilegales, como el espionaje a políticos, sindicalistas, y miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos. Sin duda este decreto contraviene, en su letra y espíritu, la ley 27126, y en consecuencia, es violatorio del art. 99, inc. 2 de la Constitución Nacional, que establece la prohibición al Presidente de alterar la ley por vía reglamentaria. En la misma línea se inscribe el Decreto 721/2016. Con la excusa de “simplificar los circuitos administrativos”, modifica radicalmente el régimen establecido por el Decreto 101/1985, que se propuso hacer efectiva, al menos formalmente, la dirección y el control presidencial sobre las Fuerzas Armadas, tal como lo establece la Constitución Nacional (incs.1, 2, 13, 14 y 15 del art. 99), con las facultades de disponer su organización y distribución según las necesidades de la Nación, proveer los empleos de oficiales superiores, con acuerdo del Senado, y por si los demás. El Presidente Raúl Alfonsín se hacía cargo de la experiencia histórica. Desde el golpe de estado del 6 de setiembre de 1930, las cúpulas de las FFAA, usurpando periódicamente el gobierno, al servicio del poder económico, -inicialmente el del imperio británico y después el de los Estados Unidos-, inauguraron un ciclo de inestabilidad institucional que culminó con el golpe del 24 de marzo de 1976, que elevó a niveles inconmensurables el terrorismo de estado iniciado con la Triple A, con la metodología de la desaparición forzada del que fueron víctimas 30.000 personas. El Decreto 721/2016 facilita la autonomización de las cúpulas militares al cercenar las atribuciones fundamentales del Ministro de Defensa (designar a los oficiales y suboficiales, decidir su destino, bajas, retiros, ascensos, licencias, reincorporaciones), que equivale a retraerlas al Presidente de la República, y entregárselas al Jefe del Estado Mayor conjunto de las FFAA y a los Jefes de Estado Mayor de cada una de las fuerzas. Especialmente preocupantes, entre las 20 facultades otorgadas por el art. 4 del decreto, son las de nombrar como docentes a militares retirados, designar agentes civiles, en ambos casos sin exigencias de identificación con los derechos humanos y el sistema democrático, y la facultad absoluta del Jefe de Estado Mayor Conjunto de resolver, como definitiva y última instancia, los recursos presentados por los oficiales jefes y subalternos contra resoluciones de sus superiores. La Constitución permite al Presidente, para el desarrollo de sus funciones, la delegación de facultades en sus Ministros, a los que puede designar y remover, pero carga con la responsabilidad de su control. El Ministro de Defensa, ejerce los poderes que le delega el Presidente, pero no puede conferirlos a oficiales de las fuerzas armadas. Es evidente que el decreto constituye una violación clara de la norma fundamental, pues elimina facultades presidenciales indelegables, y otorga a las cúpulas militares la organización, distribución y formación ideológica de los integrantes de las FFAA. Estas medidas parecen ser el correlato indispensable del modelo económico que el gobierno está imponiendo en beneficio de la usura financiera, el sector agroexportador y el extractivo, en perjuicio de los trabajadores, y las pequeñas y medianas empresas, mediante un ajuste brutal en el precio de la energía eléctrica, el transporte, el gas y el agua, y un incremento de los productos básicos de la canasta familiar. El desempleo, la pobreza y el hambre que generan, agudiza el conflicto social, y todo indica que el Gobierno se prepara para enfrentarlo con la represión a los sectores populares. Ese objetivo explica los auténticos motivos de ambos decretos, y nos alerta que “el huevo de la serpiente”, destructor de la incipiente democracia, comenzó a incubarse. Por ello reclamamos al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Nación y al Poder Judicial, que en el marco de sus respectivas competencias aborten el nacimiento de la serpiente, derogando esas normas, o declarando su inconstitucionalidad. Buenos Aires, Junio 18 de 2016. Eugenio Raúl Zaffaroni PRESIDENTE AAJ - Rama Argentina Cristina Livitsanos PRO-SECRETARIA AAJ - Rama Argentina Beinusz Szmukler PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO CONTINENTAL