viernes, 4 de julio de 2014

Próxima reunión de la A.A.J. - Rama Argentina: 8 de julio a las 18.30 hs. AABA



Estimad@s integrantes de la A.A.J. - Rama Argentina:


Los invitamos a participar de la próxima reunión de la Rama, a realizarse el día martes 8 de julio a las 18.30 hs. en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) - Uruguay 485 - 3° piso - CABA, a efectos de dar tratamiento a los diversos temas planteados y avanzar en la organización de las actividades planificadas.
Rogamos que envíen a la casilla de correo electrónico aajargentinasec.gral@gmail.com la solicitud de incorporación de aquellos temas que deseen incluir en el orden del día.
L@s esperamos.
Fraternalmente,



La Comisión Directiva

martes, 24 de junio de 2014

DECLARACIÓN DE A.A.J. ANTE LA PRETENSIÓN DE LOS JUECES ESTADOUNIDENSES DE SUPRIMIR LA JURISDICCIÓN JUDICIAL ARGENTINA


La Asociación Argentina de Juristas -Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas- , organización continental no gubernamental, con estatuto consultivo en la ONU-, repudia la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que rechazó el tratamiento de la apelación del Estado Argentino al fallo de juez Thomas Griesa, que condenó a nuestro país al pago de los bonos en poder de los fondos buitres. La A.A.J., que desde hace 30 años analiza el tema, reafirma la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa pública de la Nación Argentina, y ratifica en todos sus términos su declaración de fecha 2 de Diciembre del 2012, en ocasión del fallo de Griesa. 

Seguimos sosteniendo que no se deben acatar los fallos de ningún juez extranjero en causas en las que la contraparte del Estado Nacional es una persona o sociedad privada, por ser violatorio de principios de derecho nacional e internacional. Tal situación de ilegalidad e ilegitimidad lo es en cuestiones que exceden el marco de los tratados de DD.HH. en los que se delega jurisdicción con los límites del artículo 75, inciso 24 de la Constitución Nacional. Específicamente viola lo establecido por el artículo 116 de nuestra Constitución, que establece la competencia de los tribunales nacionales en esta materia, y el artículo 27 que ordena que los tratados de comercio con potencias extranjeras deben estar “en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución” y que, con más razón, esa obligación resulta ineludible para los contratos celebrados con privados. Por tanto, también la reforma del art. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación autorizando la posibilidad de someterse a tribunales extranjeros deviene manifiestamente inconstitucional, atento que el artículo 28 de la Carta Magna establece de modo tajante que “los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sentencia del 13 de marzo de 2014, dictada en la demanda promovida por Claren Corporation para dar validez internacional y reconocimiento en la Argentina al fallo dictado el 12 de diciembre de 2007 por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, que impone a la Argentina el pago de 7.507.089 dólares en concepto de capital e intereses vencidos de los títulos Bonos Externos Globales 1997/2017, propiedad de la demandante, decidió el rechazo de la pretensión, por desconocer el principio de inmunidad soberana del Estado argentino. Dijo que las leyes que ordenaron el diferimiento del pago de los títulos de la deuda forman parte del orden público del derecho argentino, lo que, de acuerdo a los normas procesales, impide el exequatur (reconocimiento de sentencias extranjeras). “Otorgarlo implicaría convalidar a través de una acción individual promovida ante un tribunal extranjero, eludir el proceso de reestructuración de la deuda pública dispuesto por el Estado Argentino mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional".
En materia de derecho internacional resulta especialmente aplicable la normativa incorporada al plexo constitucional, con la reforma de 1994. El principio de igualdad soberana de los Estados y de equidad en las relaciones entre los mismos (art. 2 inc. 1 de la Carta de las Naciones Unidas) y el de autodeterminación de los pueblos (art. 1º de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales) determinan que el Poder Judicial propio, es parte de la soberanía. De lo contrario -como se da en este caso-, el país queda bajo el dominio del Estado extranjero al que pertenecen el juez Griesa, y la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Cabe señalar que la independencia de estos Tribunales, en algún momento puede manifestarse respecto del poder político, pero raramente se ha manifestado respecto al poder económico. Ello no siempre ocurre por corrupción. Basta con la identificación ideológica, política, religiosa, la pertenencia a un mismo núcleo social: el de los jueces. 
En el caso de los fondos buitres, se protegen los intereses de un grupo minúsculo de especuladores -en grado de usura-, que se contraponen incluso con los del sector financiero, posiblemente, de acuerdo con sus manifestaciones, con los del gobierno actual de los EEUU, y ponen en cuestión al sistema, pero se acoplan a la perfección al objetivo de sancionar la política del gobierno argentino de impulso a la integración regional latinoamericana y caribeña cuyo desarrollo es una pesadilla para el sistema de dominación imperialista. Por otra parte, hay cláusulas de los bonos manifiestamente ilegales, resultado de la continuidad con similares disposiciones de emisiones en diversas refinanciaciones, que limitan el ejercicio del derecho de defensa, y que por lo tanto son nulas de nulidad absoluta.
Los contratos originarios contenían cláusulas violatorias de principios generales del derecho tales como el abuso del derecho, la lesión enorme, la teoría de la imprevisión, la desigualdad de las partes contratantes, la ausencia de principios compensatorios, la extralimitación en el ejercicio de facultades (abuso de poder), la inaplicabilidad de las leyes contrarias al orden público nacional, la violación por el acreedor de su obligación de facilitar el cumplimiento del contrato (en especial, debe apreciarse los efectos provocados por el proteccionismo, los términos de intercambio adversos a los países deudores y la facilitación de la evasión de capitales), la existencia de obligaciones sin causa, el sometimiento del estado a la jurisdicción y a la ley extranjera, y su renuncia a la inmunidad soberana y al derecho de la defensa, el compromiso de no modificar las leyes y normas existentes bajo pena de resolución del contracto, el cumplimiento cruzado por deudas de distintos deudores, la usura determinada por condiciones financieras excesivamente onerosas (intereses, comisiones spreads, etc).
A ello se agregaban las prácticas monopólicas en la fijación unilateral de las condiciones financieras que se modificaban a posteriori de la concertación, en particular de las tasas de interés variables a sola voluntad de los consorcios de bancos, y la exoneración de impuestos nacionales en el país deudor. 
No se puede olvidar la ilegalidad derivada de haber sido contraída por un gobierno usurpador y destinada en parte a financiar terrorismo de Estado en el país y en otros de la región, como en Honduras.
Tal como se determinó en la investigación judicial de la deuda contraída por la dictadura cívico militar (causa “Olmos”), en la concertación y operatoria de los préstamos se cometieron los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y concusión, fraude, como en los casos en que se ocultó la identidad entre acreedor y deudor (auto-préstamos), o cuando el Estado otorgó garantía o avales a deudores privados insolventes, o sin autorización legal, o cuando se simulan préstamos externos para beneficiarse con seguros de cambio.
Según los principios del antiguo derecho romano en materia contractual, los contratos que dan origen y/o continuidad a la deuda externa, son total y absolutamente ilegítimos. El principio del “pacta sunt servanda”, que establece la obligatoriedad del cumplimiento de los contratos, es válido sólo para aquellos que se realizaron de conformidad a las fórmulas establecidas por el respectivo ordenamiento jurídico.
En los contratos referidos, sea ab-initio, sea en las sucesivas renegociaciones, faltaba el elemento esencial: el consentimiento libremente expresado. Es de público y notorio que si el deudor no aceptaba las condiciones impuestas por el acreedor, en contratos formularios de adhesión, era amenazado, y lo sigue siendo actualmente cada vez que debe renegociar, con gravísimas sanciones, no sólo económicas. En este aspecto conviene aclarar que el reconocimiento del derecho internacional a los gobiernos de facto, para representar a sus países en las relaciones internacionales, siempre que ejerzan autoridad absoluta en el territorio nacional, se limita al plano de las relaciones inter-estatales, o de organizaciones supranacionales. Y aún así ese reconocimiento, dentro de esos límites-, no es absoluto, puesto que determinados actos pueden ser desconocidos por el próximo gobierno que surja de la expresión de la soberanía popular.
En consecuencia la deuda contraída por funcionarios usurpadores del poder político, que carecían de capacidad para representar al Estado respectivo, es nula de nulidad absoluta, y el acreedor no tiene siquiera derecho al reclamo.
Las refinanciaciones realizadas por los gobiernos constitucionales posteriores, incluída la adhesión al Plan Brady, el Blindaje y el Megacanje, más allá de las responsabilidades penales, no han purgado la nulidad absoluta de sus orígenes, porque aunque los acreedores ya no son los mismos, y los nuevos son titulares de derechos que emergen de contractos otorgados por autoridades legítimas, su conocimiento previo del carácter ilegítimo de la deuda original los coloca en la misma situación de sus antecesores. 
Es útil recordar los fallos de la Corte Suprema, conservadora de 1941 (“Los Lagos S.A.G. c/Gobierno Nacional,) y la peronista de 1975 (Fallos: 164: 140; 179: 249; 185: 177; 250: 491; 253: 15. entre otros)” (autos “Pustelnik, Carlos Arnoldo y otro c/Resolución del Intendente Municipal”) que sentenciaron “la invalidez manifiesta de los actos cuya ilegitimidad o irregularidad aparece patente en los mismos sin que sea necesario investigar vicio oculto alguno, constituye un concepto general del orden jurídico, que sólo requiere una declaración judicial o administrativa a su respecto, a diferencia de la invalidez oculta que requiere el enjuiciamiento previo para que se torne visible.” No cabe duda que los actos de contracción de la deuda durante la dictadura revisten el carácter de nulidad absoluta, por ese sólo hecho. Consecuentemente las refinanciaciones posteriores adolecen del mismo vicio. Ni los tenedores, ni la banca que intervino en la concertación de los "nuevos" préstamos, ni el Tesoro de los EEUU, pueden alegar ignorancia de los vicios de legitimidad y/o legalidad, ni de la coacción ejercida sobre los gobiernos constitucionales. 
Las amenazas de suspensión de créditos y provisión de elementos substanciales para la producción industrial y hasta para la salud, por parte de los EEUU y de los organismos financieros internacionales que controla (FMI, BM, BID, etc.) forzaron la aceptación de las condiciones impuestas. 
Fracasada la tentativa del presidente Raúl Alfonsín de una actuación conjunta de los países deudores del continente, que le costó su cargo al Ministro Grinspun, sucesivos “planes de ajuste”, impulsados por el FMI y el Banco Mundial, acentuaron el atropello a los derechos económicos, sociales y culturales, en función del pago de la deuda, provocando más víctimas que las causadas por el terrorismo de estado, y condicionando toda la vida nacional, incluso su política exterior.
En esas condiciones, se llegó a la última refinanciación, realizada por el Presidente Néstor Kirchner, comparable con un concurso preventivo en el cual el deudor -el Estado Argentino- en virtual cesación de pagos, propuso un plan con quita y extensión temporal para saldar la deuda, manteniendo casi todas las cláusulas susceptibles de nulidad contenidas en los préstamos a refinanciar, convencido de que la relación de fuerzas existente en el contexto internacional no permitía una solución mejor.
Esa propuesta fue aceptada por casi el 93% de los acreedores, con lo cual en el marco del derecho mercantil, aquí y en cualquier país del mundo, implica que el 7% restante sólo puede adherir al acuerdo, lo que no hizo, incluso cuando se le dio una nueva oportunidad. Es más, no se trata de los tenedores originales de los bonos sino de un fondo buitre que desvergonzadamente, violando los principios más elementales de buena fe, especula con la posibilidad de que un juez carente de jurisdicción, ejemplo de la negación de imparcialidad e independencia indispensables para su función, les facilite una impresionante ganancia. Es lo que Griesa ha hecho, poniendo en riesgo, no sólo el próximo pago a los tenedores que aceptaron el acuerdo, sino la viabilidad de cualquier otro acuerdo de otros países deudores. Asimismo, en forma indirecta afecta gravemente el proceso de Integración Regional. Su última decisión tiene un nivel de degradación jurídica insólito. Ante el anuncio del ministro de Economía de la intención de pagar a los bonistas que ingresaron al canje en la Argentina, dispuso: “se prohibe a la Argentina llevarlo adelante”. 
Se ha llegado a un momento crucial para la preservación de la identidad, la dignidad y la subsistencia misma de nuestro pueblo. Por eso, es preciso recordar lo establecido, idénticamente, en el art. 1º de ambos pactos internacionales de derechos humanos, el de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y de los civiles y políticos (DCP): En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. “Medios de subsistencia” son según el diccionario “los medios necesarios para el sustento de la vida humana”. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo resume en su artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. En este sentido, es necesario atender al texto de los Principios Rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos aprobado `por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2012. 
Afortunadamente la situación de hoy difiere de la de 1985. El avance en el proceso de integración regional (Mercosur, Unasur, Celac) abre una perspectiva de solidaridad ante la agresión vía judicial ilegitima, que ya tuvo un inicio en el pronunciamiento efectuado por el G77 más China, y en el reciente apoyo del Mercosur y la CELAC. Las acciones de los fondos buitres en los tribunales representan un peligro para los procesos actuales y futuros de reestructuración de la deuda, para los países en desarrollo y los desarrollados. Y por eso resulta crucial impedir que priven a los Estados de los recursos para proteger a su pueblo conforme al derecho internacional.
Las circunstancias actuales son, sin duda alguna, producto de las políticas de endeudamiento irresponsable, fraudulento, y entreguista de diversos sectores políticos y económicos que han provocado la exclusión, miseria y dependencia económica de nuestro pueblo. Consideramos que los tres poderes del gobierno argentino tienen la enorme responsabilidad de tomar una posición inclaudicable frente a esta nueva forma de expoliación y sometimiento de la economía y la política de un país en proceso de desarrollo, adoptando medidas que preserven la soberanía nacional y aseguren el avance en el nivel alcanzado de los derechos económicos y sociales. Y que esas medidas sean apoyadas por todo el arco político que pregona la defensa de los intereses nacionales, sin oportunismos banales. Señalamos la importancia del rol que en circunstancias como estas tienen los comunicadores sociales y los medios de información, por los terribles efectos que puede tener una comunicación irresponsable, alarmista y sesgada.

Convocamos asimismo a las organizaciones de abogados, jueces, funcionarios del Ministerio Público, y a las universidades a pronunciarse. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Junio de 2014.

Dra. Claudia Rocca - Vicepresidenta
Dra. María González Díaz de Guijarro - Secretaria General
Comisión Directiva Asociación Argentina de Juristas
y Dr. Beinusz Szmukler - Presidente Consejo Consultivo Continental

NOTA : A todo efectos contactarse a la siguiente casilla de email: aajargentinasec.gral@gmail.com.

domingo, 15 de junio de 2014

Reunión de la AAJ Rama Argentina - Próximo miércoles, 18 de junio, a las 18.30 hs. en la sede de la AABA



Estimad@s integrantes de la A.A.J. Rama Argentina


                                    Nos dirigimos a Uds con el objeto de convocarlos a participar de la reunión de la Rama, a realizarse el día miércoles 18 de junio a las 18.30 hs. en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 485 3° piso, a efectos de dar tratamiento a los diversos temas planteados y avanzar en la organización de las actividades previstas.
                                   Rogamos envíen a este correo aquellos temas que deseen incluir en el orden del día.
                                     Agradecemos la siempre comprometida participación de todos. 

Fraternalmente,

Comisión Directiva
AAJ - Rama Argentina

Símbolos y derechos humanos

Publicamos la nota aparecida recientemente en el Diario Rio Negro "Símbolos y derechos humanos" firmada por la Dra. Silvia Contrafatto -integrante de la Rama - y Roberto Samar, ambos docentes de la Universidad Nacional de Río Negro.

CONDOLENCIAS DE LA A.A.J. POR EL FALLECIMIENTO DE LA DOCTORA MARIA EVELINA BOIDANICH



Expresamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de la Doctora María Evelina Boidanich, acaecido el pasado lunes 9 de junio. Ante tan dolorosa perdida le hacemos llegar nuestra solidaridad a su hijo Eduardo, miembro de nuestra organización, a sus familiares y amigos, en especial a Nelly Minyersky, quien compartía labores con la querida Evelina.


                                                      Buenos Aires, 11 de junio de 2014.


Claudia Viviana Rocca - Vice-Presidenta AAJ - Rama Argentina
Maria Diaz de Guijarro - Secretaria General AAJ - Rama Argentina
Beinusz Szmukler – Presidente del Consejo Consultivo Continental 
Asociación Americana de Juristas.

miércoles, 14 de mayo de 2014

La AAJ - Rama Argentina invita a la siguiente actividad organizada por la FACA:



FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS


IV JORNADAS NACIONALES DE ABOGADAS
                    COLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO
Rosario, 29 y 30 de Mayo de 2.014

EN HOMENAJE A LA DRA. CARMEN ARGIBAY



Tema: “Derechos Humanos de las Mujeres: agenda post 2.015 y
los objetivos de desarrollo del Milenio.”




Programa de actividades:


Jueves 29 de mayo

9 hs.: Acreditaciones

10 hs.: Acto inaugural
Abog. Araceli Diaz (Presidenta del Colegio de Abogados de Rosario) - Abog. Liliana A.B. Urrutia (Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer del Colegio de Abogados de Rosario) - Dra. María Elena Barbagelata (Directora de la Comisión de los Derechos de la Mujer de F.A.C.A.)
Palabras alusivas: Dra. María Angélica Gastaldi (Ministra de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe)

11 hs.: Panel Discriminación laboral de las mujeres.
Discriminación y Trabajo. Expositora: Dra. Silvia Pedretta (Colegio de Abogados de San Isidro) - ¿Continúa la discriminación y violencia  laboral de las Mujeres? Expositora: Dra Nina Brugo (Asociación de Abogados de Buenos Aires) - Trabajo no remunerado de las mujeres. Interrogantes y desafíos en la actualidad. Expositora: Dra. Julieta Bandirali (Asociación de Abogados de Buenos Aires).


De 12,30 hs a 15 hs: Receso


15 hs.: Comisiones (simultáneas)

Comisión 1: Discriminación en las relaciones laborales (Despido discriminatorio – acoso laboral)
Coordinación académica: Dras. Silvia Pedretta, Nina Brugo y Julieta Bandirali. Moderadora: Elizabeth Dreussi (Colegio de Abogados de La Pampa).

Comisión 2: Los Derechos de las Mujeres ante el Sistema Penal y la trata de personas con fines de explotación sexual
Coord. académica/Expositora/es: Dra. Mariana Prunotto (Fiscal Adjunta Santa Fe). Tema: Femicidio. Casos actuales. Dr. Fernando Rodrigo (Fiscal Adjunto Santa Fe). Tema: Las agresiones sexuales en el contexto de la violencia de género.  Moderadora: Dra. Nanci Rango. Relatora: Dra. Lia Cedro.

17 hs: Coffee Break


17,30 hs.: Presentación de Libros



Viernes 30 de mayo


9 hs.: Panel Estrategias de incidencia para el acceso a la justicia en caso de femicidio. Expositoras: Dras. Analía Aucia y Alejandra Paolini (CLADEM Rosario). Coordinadora: Dra Sara Asad.

10 hs.: Panel: Los Derechos de las Mujeres ante el Sistema Penal. Anteproyecto de Código Penal: avances y retrocesos.
Expositoras: Dra María Elena Barbagelata (Miembro de la Comisión del Proyecto de Reforma del Código Penal) – Dra María Laura Blacich (Defensora Pública de Santa Fe). Coordinadora: Dra. Rosa C. Acosta.


11,15 hs.: Coffee Break


11,30 hs.: Comisiones (simultáneas)

Comisión 3: Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer
Coord. académica/Expositor/a: Dr. Marcelo Trucco (Prof. UNR- UCA- UBA- UAI -UCEL) Tema: Mecanismos Internacionales de acceso a la Justicia. Dra. Adriana Maggio (Colegio de Abogados de Mercedes – Bs. As.). Tema: Violencia institucional. Moderadora: Dra. Rosa Acosta. Relatora: Dra. Nadia Lorenzini.


Comisión 4: Educación y capacitación de la mujer
Coord. académica/Expositoras: Prof. Dra. María Alejandra Pasquet (U.A.I.) – Prof. Dra. Analía Aucía (U.N.R.). Moderadora: Dra. Sandra Kanjer.


De 13 hs a 14 hs.: Receso


14 hs: Conferencia magistral: Las mujeres y el acceso a la Justicia a cargo de la Dra. Stella Maris Martínez (Defensora General de la Nación).

15 hs: Panel: La persona humana y las relaciones de familia. Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación
La persona humana en el Proyecto de Código Civil. Expositora: Dra Nelly Minyersky (Asociación de Abogados de Buenos Aires) – Las violencias contra las mujeres. Hacia una protección integral. Expositora: Dra. Liliana A.B. Urrutia (Colegio de Abogados de Rosario) - Las madres en la adopción. Expositor: Dr. Marcelo Molina (Juez de Familia de Rosario)


16,15 hs: Coffee Break


16,30 hs.: Comisiones (simultáneas)

Comisión 5: Derechos Políticos de las Mujeres (Colegiación - Acceso a los órganos de decisión: cupo femenino)
Coord. académica/Expositoras: Dras. Alba Cuellar Murillo (A.A.B.A.) y Marcela Iellimo (A.A.B.A.). Moderadora: Dra. Paula Bengoa. Relatora: Dra. Nora  Siro.

Comisión 6: La persona humana y las relaciones de familia.
Coordinación académica: Dras Nelly Minyersky, Liliana A.B. Urrutia, Inés Bellucia. Relatora: Dra. Mónica Aguirre.


18,30 hs.:        Cierre de las Jornadas
Espectáculo artístico (a cargo de la Comisión de Cultura)




Inscripción:
Costo: Inscripción general: $100.- Estudiantes de grado: $ 50.-
Lugar: Tesorería del Colegio de Abogados de Rosario – Bv. Oroño Nº 1.542 – Rosario – T.E. 0341-4495050
Consultas y pre-inscripción: ivjornadasnacionalesdeabogadas@gmail.com
Entrega de Certificados de asistencia (con o sin presentación de ponencias)
CUPO LIMITADO

Las Jornadas están dirigidas a: abogada/os, profesionales de otras áreas, funcionaria/os, docentes, estudiantes y a toda la sociedad.

Sede de las Jornadas:
Colegio de Abogados de Rosario, Bv. Oroño Nº 1.542 – Rosario – T.E. 0341-4495050




Breve recorrido histórico de las
Jornadas Nacionales de Abogadas

Las Jornadas Nacionales de Abogadas nacieron en el año 2.011 y tuvieron su sede originaria en la Asociación de Abogados de Buenos Aires (A.A.B.A.) y en la Universidad Nacional de Buenos Aires (U.B.A.).
Prestigiaron las Jornadas juristas de la talla de las Ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dras. Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. Además, disertaron en las mismas las expertas en temas de derecho y género, las Dras. Hilda Kogan, Stella Maris Martínez, Mónica Pinto y Nelly Minyersky. En dicha ocasión se homenajeó a Florentina Gómez Miranda, quien contaba con 99 años de edad.-
Luego vinieron las Segundas Jornadas Nacionales con sede en el Noroeste argentino, en la ciudad de Jujuy, los días 12 y 13 de abril de 2.012.-
La Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone, Ministra del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy y responsable de la Oficina de la Mujer en la provincia, destacó la importancia de estas Jornadas en cuanto a sus objetivos de concientizar y sensibilizar a la población sobre los derechos de la mujer y la necesidad de erradicar las prácticas que los vulneran.-
El pasado año 2.013 nos recibieron las/os colegas puntanas/os en la cálida ciudad de San Luis, donde se celebraron las III Jornadas Nacionales de Abogadas los días 16 y 17 mayo. Las mismas se desarrollaron bajo el tema marco: Derechos Humanos de las Mujeres. De la igualdad formal a la igualdad real. Los paneles y talleres de trabajo abordaron la problemática de la violencia de género y de la trata de personas con fines de explotación sexual, entre otros, con disertantes experimentada/os de los Colegios de Abogados intervinientes de todo el país y de la F.A.C.A, como asimismo de funcionarios judiciales de la provincia y de la Nación.-
Estas Jornadas son el espacio propicio para reunirnos colegas, expertas, público comprometido e interesado en la problemática de las mujeres y sus derechos. No sólo es un espacio de encuentro, también compartimos saberes, preocupaciones, proyectos, estrategias, en pro de construir una sociedad más justa. Siempre con el respeto que nos merecen las diferencias que nos enriquecen.-
Hoy, 2.014, año del vigésimo aniversario de la Convención de Belem do Pará, Rosario las/os espera, colegas, profesionales, estudiantes, y público en general, a participar de las IV Jornadas Nacionales de Abogadas.-
¡Bienvenidas/os a la Cuna de la Bandera!




Reglamento de las Jornadas:

Comisiones:
Las autoridades de mesa de las Comisiones dispondrán su funcionamiento.
El trabajo en Comisión se iniciará con una exposición/ponencia sobre el tema a tratar por las autoridades de mesa. Luego, se expondrán las ponencias de las/os participantes, cuyo tiempo será estimado por las autoridades de la Comisión, según la cantidad de ponentes. Con posterioridad tendrá lugar el debate. Y finalmente se hará el relato de las ponencias y/o conclusiones del trabajo de Comisión.

Ponencias:
Podrán presentar ponencias quienes se hallen debidamente inscriptas/os en las Jornadas. Las mismas serán tratadas en las Comisiones respectivas según el tema presentado. En el trabajo en Comisión las/os ponentes deberán informar sintéticamente las propuestas contenidas en su ponencia.
Las ponencias serán publicadas on line en la página de las Jornadas.
Formato de presentación: la ponencia deberá constar de una carátula con los datos personales de la/os ponentes (nombres y apellido; profesión o actividad que desarrolla; Colegio, Facultad o Institución que representa; y vía de contacto).
Extensión máxima: 15 páginas formato A4, letra new times 12, a doble espacio, y un extracto con las propuestas en una carilla.
Plazo máximo de presentación: 23 de mayo de 2.014


Comisión Organizadora:
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER DE F.A.C.A.
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO

Enlace institucional:
Dra. Virginia Dagotto (Directora del Colegio de Abogados de Rosario)

Responsables de Ceremonial:
Dras. Nanci Rango y Lia Cedro.

Responsables de Prensa:
Dras Nora Siro y Liliana Urrutia

Responsables de RRPP:
Dras. Paula Bengoa e Inés Belluccia.

Coordinación General de Comisiones:
Dras Nadia Lorenzini y Sandra Kanjer.



Organizan: FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS (Comisión de los Derechos de la Mujer) y COLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO (Comisión de los Derechos de la Mujer).

Auspicios:
U.N.R. – U.A.I. – U.CE.L.
Edit. Rubinzal Culzoni – Infojus


sábado, 10 de mayo de 2014

CONDOLENCIAS DE LA A.A.J. POR EL FALLECIMIENTO DE LA MINISTRA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE ARGENTINA CARMEN MARÍA ARGIBAY

Quienes integramos la Asociación Argentina de Juristas - Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas ONG con status consultivo ante el ECOSOC- expresamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de la Ministra Carmen M. Argibay, prestigiosa y reconocida jurista argentina, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Trabajadora judicial, docente, detenida política durante la dictadura cívico militar, y férrea impulsora de la promoción y defensa de los derechos de la mujer, fue miembro fundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, -organización que presidió desde 1998 hasta 2000-, fundó la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, formó parte del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, e integró como jueza ad-litem en el Tribunal Criminal Internacional, designada por la ONU. Fue la primera mujer nominada por un gobierno democrático para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, por su iniciativa, creó la Oficina de la Mujer - OM - .

El ejemplo de Carmen nos compromete a mantener sus ideales, sus consignas, y especialmente a continuar la lucha por el derecho a decidir de la mujer, contando hoy con las poderosas herramientas de la obra y enseñanzas que constituyen su legado.

Hacemos llegar las manifestaciones de nuestro pesar y solidaridad a sus familiares y amigos, y a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Buenos Aires, 10 de Mayo de 2014


Beinusz Szmukler – Presidente del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas.

COMISIÓN DIRECTIVA AAJ - RAMA ARGENTINA