sábado, 9 de julio de 2016

Links a otros sitios web de la AAJ

Se puede seguir la actividad de la AAJ en los siguientes sitios web:

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DECLARACIÓN SOBRE EXTRADICIÓN DE PÉREZ CORRADI Y PRESIONES PARA LA RENUNCIA DE LA PROCURADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Iber Esteban Pérez Corradi, imputado como autor intelectual, del triple crimen de Gral.Rodríguez en la denominada causa de la “efedrina” se encontraba prófugo desde el año 2012, con pedido de captura nacional e internacional. El Ministerio de Seguridad bonaerense llegó a ofrecer una recompensa de entre 20.000 y 100.000 pesos “a las personas que aporten información fehaciente que contribuya a establecer el paradero y lograr su detención”. Según había informado el 12 de enero el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, la recompensa sería elevada a 2 millones de pesos.
Detenido en Paraguay, se inició el trámite de extradición. Sus propios  abogados declararon que su entrega a la Argentina demoraría alrededor de 30 días. Paralelamente, autoridades nacionales comenzaron tratativas con Pérez Corradi, para que aceptara su extradición, y así evitar las demoras del trámite judicial paraguayo. Culminaron con un acuerdo en virtud del cual, ante los temores de Pérez Corradi de ser asesinado en la cárcel, se le concedieron sus reclamos de un tratamiento especial como ”testigo protegido” y el traslado a nuestro país, en el que se le proporcionaría vivienda y sostén económico a su familia. Hasta aquí la información periodística, de la que se deduce que Pérez Corradi volvería al país sin los límites de la extradición, que impide una investigación sobre otros delitos no comprendidos en el requerimiento de captura. Todo indica que la urgencia y el otorgamiento de sus pedidos se deben a la intención de utilizar su “testimonio” para implicar a funcionarios del gobierno anterior en esa causa u otras. La gravedad institucional reside en que, según el diario “La Nación” (2 de julio), Pérez Corradi “tendrá el privilegio de permanecer en un lugar distinto al del resto de los presos en la medida que hable. Si pasa el tiempo y no dice nada, vamos a trasladarlo a un penal común porque, entonces, entendemos que no estará en riesgo su vida” advirtió una alta fuente del Ministerio de Seguridad.” En una palabra, si no declara conforme a lo convenido, se acabaron las garantías para su vida. Más allá de la posible nulidad de una declaración obtenida en tales condiciones, se estaría configurando, por parte de los funcionarios actuantes y de sus superiores, que lo ordenaron o consintieron, la comisión del delito de coacción (art. 149, bis del Código Penal).
No menos preocupantes resultan las declaraciones del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (La Nación, 2 de julio, tapa y pág. 27) en las que criticó a la Justicia, afirmando: ”Hay sectores que representan un garantismo de los delincuentes. Queremos que se imponga un galantismo de los ciudadanos honestos. Ese sector viene sin duda del Frente para la Victoria (FPV). La Procuradora Falbo viene de ese sector”, denunció. Luego agrega: “Ella tiene un compromiso político con los sectores del peronismo. Ella ha trabajado y militado con Aníbal Fernández… Cuando se murió Néstor Kirchner ella estaba al lado del cajón. Creo que tiene su tiempo agotado. Ya cumplió un ciclo en la provincia”.
En síntesis, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires: 1) Divide a la sociedad entre “ciudadanos honestos” a quienes él representa, que serían los únicos a quienes hay que garantizar sus derechos, y presuntos “delincuentes”, que deben ser castigados, privándolos de las garantías que la Constitución Nacional y los pactos de derechos humanos le conceden a “toda persona” y que el Estado está obligado nacional e internacionalmente, a satisfacer. 2) Presiona a la Procuradora para que renuncie, violentando la única vía institucional para su eventual desplazamiento que es el juicio político, pero no formula denuncia concreta de mal desempeño ante la Cámara de  Diputados para obtenerlo. El Ministro debe saber que la militancia política anterior a la asunción del cargo, las relaciones personales o la presencia en el sepelio de un ex presidente no puedan servir a ese propósito.
Ritondo no dice como ni cuando debe ser el castigo de los presuntos  delincuentes, ni quienes pueden aplicarlo. La respuesta, en los mismos días, pareció darla un comunicador radial, Baby Etchecopar, quien llamó a los policías a que “maten a los chorros”. Otro de sus colegas, en un programa televisivo, luego de difundir, con un suave tono crítico, ese llamado al crimen, justificó el “exceso verbal” de su autor, por haber sido víctima de delincuentes.
Enunciados de ese nivel de violencia, dichos por formadores de opinión, no pueden explicarse o justificarse como meros exabruptos. Provoca inquietud que ningún funcionario público haya tomado conocimiento y cumplido con su deber de promover una denuncia por el delito de instigación a cometer delitos (art. 209 del Código Penal).
Tal como lo señalamos en nuestra declaración del 18 de junio, respecto al Decreto 656/2016 que derogó el régimen de transparencia de los fondos de la nueva Agencia Federal de Inteligencia, y el Decreto 721/2016, que facilita la autonomización de las cúpulas militares del poder civil, estos hechos se inscriben en la política de quienes desde el gobierno pretenden enfrentar el conflicto social mediante la represión a los sectores populares, con la colaboración de un poder judicial y un ministerio público dóciles. Y para ello no vacilan en burlar la institucionalidad democrática.
Para completar el cuadro de desguace institucional y de falta de respeto a la división de poderes, el diario La Nación del día de hoy destaca como una de las frases más importantes del Presidente de la Nación, en declaraciones realizadas en Europa respecto a la Procuradora General de la Nación, que “no goza de la confianza del Presidente. Pero la mujer insiste en sostenerse en el cargo más allá de todo. Ya el tiempo encontrará la solución.” Es sorprendente que el Ing. M. Macri desconozca el art. 120 de la Constitución Nacional, que establece que el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República”.
No es la confianza del Presidente, sino la de la sociedad, la que requiere el cargo. Por ello, la Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas -Organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que tiene entre sus objetivos la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del Estado Democrático y Social de Derecho- reclama al Poder Ejecutivo Nacional y al de la Provincia de Buenos Aires cesar estas prácticas que los deslegitiman, y a sus jueces y fiscales, efectivizar su independencia en función del resguardo de los derechos constitucionales.


Buenos Aires, 7 de Julio de 2016.



EUGENIO RAUL ZAFFARONI - PRESIDENTE AAJ Argentina

LILIANA CONSTANTE - SECRETARIA GENERAL AAJ Argentina

BEINUSZ SZMUKLER - PRESIDENTE del CONSEJO CONSULTIVO CONTINENTAL

jueves, 7 de julio de 2016

Cena agasajo al Dr. E. Raúl Zaffaroni a realizarse el día jueves 11 de agosto próximo, a las 20.30, en el "Salón Restaurante" del CPACF


Estimad@s integrantes de la A.A.J. - Rama Argentina:

Nos dirigimos a ustedes con el objeto de invitarl@s a la cena agasajo al Dr. E. Raúl Zaffaroni a realizarse el día jueves 11 de agosto próximo, a las 20.30, en el "Salón Restaurante" del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sito en Avenida Corrientes 1441, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de celebrar su jura como Juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo solicitamos, debido... a la limitada capacidad del salón donde tendrá lugar el evento, se sirvan enviar confirmación de asistencia –como también adquisición de la entrada- con anterioridad al 15 de julio próximo, a las casillas de correo y/o teléfonos que a continuación se detallan:


marianatkatch@yahoo.com (15-5841-9753)

cristinajorge2001@yahoo.com.ar (15-4189-4390)

L@s esperamos y agradecemos desde ya la siempre comprometida participación de tod@s.

Saludos cordiales,

Comisión Directiva
AAJ - Rama Argentina

Valor entrada:
$ 590

viernes, 1 de julio de 2016

Nueva reunión de la A.A.J. - Rama Argentina - martes 5 de julio, a las 18.30, en la AABA


Estimad@s:

les informamos que la próxima reunión ordinaria de la Rama se realizará el martes 5 de julio, a las 18.30, en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), sita en la calle Uruguay 485 3° piso, CABA.
Orden del día propuesto:
1. Informe sobre actividades de divulgación y organización de la XVII Conferencia Continental de la AAJ.
2. Informe sobre finanzas.
3. Informe sobre organización de la jornada preparatoria para la XVII Conferencia Continental de la AAJ. (Jornada a realizarse en el mes de septiembre en sede de la AABA).
4. Consideración solicitudes ingreso soci@s;
5. Varios.
Asimismo les solicitamos que envíen otros temas que deseen incluir en el orden del día para su tratamiento, como así también confirmación de presencia, a las casillas de correo que se detallan a continuación:
costante.lilianabeatriz@gmail.com
cristinalivitsanos@gmail.com

L@s esperamos y agradecemos desde ya la siempre comprometida participación de tod@s.
Saludos cordiales,

Comisión Directiva
AAJ - Rama Argentina

lunes, 20 de junio de 2016

PRÓXIMA REUNIÓN DE LA AAJ - RAMA ARGENTINA: Martes 21 de junio, a las 18.30, en la sede de la AABA


Les informamos que la próxima reunión ordinaria de la Rama se llevará a cabo el próximo martes 21 de junio, a las 18.30 hs, en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), sita en la calle Uruguay 485 3° piso, CABA.

Orden del día propuesto:




1. Informe sobre actividades cumplidas para difusión del XVII Conferencia Continental de la AAJ,

2. Propuesta de Seminario preparatorio s/ ponencias de la delegación argentina,
3. Consideración de solicitudes de ingreso de soci@s,
4. Varios.


Asimismo les solicitamos que envíen otros temas que deseen incluir en el orden del día para su tratamiento, como así también confirmación de presencia, a las casillas de correo que se detallan a continuación:


costante.lilianabeatriz@gmail.com

cristinalivitsanos@gmail.com


L@s esperamos y agradecemos desde ya la siempre comprometida participación de tod@s.

Saludos cordiales,

Comisión Directiva
AAJ - Rama Argentina

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE JURISTAS ANTE LOS DECRETOS 656/2016 Y 721/2016

La Asociación Argentina de Juristas, Rama nacional de la Asociación Americana de Juristas – Organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que tiene entre sus objetivos la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del Estado Social y democrático de Derecho-, señala su profunda preocupación, por decisiones del Poder Ejecutivo Nacional que implican un grave retroceso de la institucionalidad democrática. El Decreto 656/2016 deroga el régimen de transparencia de los fondos de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fijado por el Decreto 1311/15, que habilitaba el acceso público a la información sobre el uso de esos fondos, con la única excepción de los recursos destinados a tareas especificas de inteligencia que mantenían carácter reservado, pero debían ser registrados, y su documentación respaldatoria susceptible de ser auditada por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. De tal modo que el manejo de los $ 1450 millones presupuestados para 2016 crea una caja negra que, como en el pasado, puede ser volcada a fines ilegales, como el espionaje a políticos, sindicalistas, y miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos. Sin duda este decreto contraviene, en su letra y espíritu, la ley 27126, y en consecuencia, es violatorio del art. 99, inc. 2 de la Constitución Nacional, que establece la prohibición al Presidente de alterar la ley por vía reglamentaria. En la misma línea se inscribe el Decreto 721/2016. Con la excusa de “simplificar los circuitos administrativos”, modifica radicalmente el régimen establecido por el Decreto 101/1985, que se propuso hacer efectiva, al menos formalmente, la dirección y el control presidencial sobre las Fuerzas Armadas, tal como lo establece la Constitución Nacional (incs.1, 2, 13, 14 y 15 del art. 99), con las facultades de disponer su organización y distribución según las necesidades de la Nación, proveer los empleos de oficiales superiores, con acuerdo del Senado, y por si los demás. El Presidente Raúl Alfonsín se hacía cargo de la experiencia histórica. Desde el golpe de estado del 6 de setiembre de 1930, las cúpulas de las FFAA, usurpando periódicamente el gobierno, al servicio del poder económico, -inicialmente el del imperio británico y después el de los Estados Unidos-, inauguraron un ciclo de inestabilidad institucional que culminó con el golpe del 24 de marzo de 1976, que elevó a niveles inconmensurables el terrorismo de estado iniciado con la Triple A, con la metodología de la desaparición forzada del que fueron víctimas 30.000 personas. El Decreto 721/2016 facilita la autonomización de las cúpulas militares al cercenar las atribuciones fundamentales del Ministro de Defensa (designar a los oficiales y suboficiales, decidir su destino, bajas, retiros, ascensos, licencias, reincorporaciones), que equivale a retraerlas al Presidente de la República, y entregárselas al Jefe del Estado Mayor conjunto de las FFAA y a los Jefes de Estado Mayor de cada una de las fuerzas. Especialmente preocupantes, entre las 20 facultades otorgadas por el art. 4 del decreto, son las de nombrar como docentes a militares retirados, designar agentes civiles, en ambos casos sin exigencias de identificación con los derechos humanos y el sistema democrático, y la facultad absoluta del Jefe de Estado Mayor Conjunto de resolver, como definitiva y última instancia, los recursos presentados por los oficiales jefes y subalternos contra resoluciones de sus superiores. La Constitución permite al Presidente, para el desarrollo de sus funciones, la delegación de facultades en sus Ministros, a los que puede designar y remover, pero carga con la responsabilidad de su control. El Ministro de Defensa, ejerce los poderes que le delega el Presidente, pero no puede conferirlos a oficiales de las fuerzas armadas. Es evidente que el decreto constituye una violación clara de la norma fundamental, pues elimina facultades presidenciales indelegables, y otorga a las cúpulas militares la organización, distribución y formación ideológica de los integrantes de las FFAA. Estas medidas parecen ser el correlato indispensable del modelo económico que el gobierno está imponiendo en beneficio de la usura financiera, el sector agroexportador y el extractivo, en perjuicio de los trabajadores, y las pequeñas y medianas empresas, mediante un ajuste brutal en el precio de la energía eléctrica, el transporte, el gas y el agua, y un incremento de los productos básicos de la canasta familiar. El desempleo, la pobreza y el hambre que generan, agudiza el conflicto social, y todo indica que el Gobierno se prepara para enfrentarlo con la represión a los sectores populares. Ese objetivo explica los auténticos motivos de ambos decretos, y nos alerta que “el huevo de la serpiente”, destructor de la incipiente democracia, comenzó a incubarse. Por ello reclamamos al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Nación y al Poder Judicial, que en el marco de sus respectivas competencias aborten el nacimiento de la serpiente, derogando esas normas, o declarando su inconstitucionalidad. Buenos Aires, Junio 18 de 2016. Eugenio Raúl Zaffaroni PRESIDENTE AAJ - Rama Argentina Cristina Livitsanos PRO-SECRETARIA AAJ - Rama Argentina Beinusz Szmukler PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO CONTINENTAL

lunes, 13 de junio de 2016

DECLARACIÓN DE LA AAJ - Rama Argentina ANTE EL PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL



La Asociación Argentina de Juristas, Rama nacional de la Asociación Americana de Juristas - organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que tiene entre sus objetivos la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva
vigencia, y la defensa del Estado Democrático y Social de Derecho - pone de manifiesto su opinión sobre el Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (Mensaje N° 555) ante la Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 27.148).
Luego de haber recortado la autarquía financiera de la Procuración, transferido el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) y suspendido la vigencia de la Ley 27.063/14, que implementa un cambio sustancial en el sistema procesal penal nacional, por los DNUs 256/15 y 257/15, frustradas sus expectativas de lograr, mediante presiones directas y mediáticas la renuncia de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, y carente de elementos para lograr su remoción por vías legales, el Poder Ejecutivo pretende atomizar los poderes de su función, mediante ese proyecto que vulnera la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal, establecidos por el artículo 120 de la Constitución Nacional. 
Con ese objetivo:
1) Elimina el carácter vitalicio del cargo del procurador general, equiparado al de los jueces, reduciendo su mandato a un plazo exiguo de 4 años que en los hechos coincidiría con el mandato del Presidente de la Nación, como también la forma y causas de remoción, fuera de las causales y el procedimiento de juicio político, con el contrasentido de mantenerlo para los demás integrantes del Ministerio Público;
2) en el art. 5 crea cuatro Subprocuradores Generales ( derecho penal, delito organizado, derecho público y derecho privado), cuya elección es por mayoría simple del Senado de la Nación, a propuesta del PEN, a diferencia de los 2/3 exigidos para la elección del Procurador, sin los requisitos del Decreto 222/03 para su designación, y cercenando las facultades de éste, les otorga competencias exclusivas en todo el territorio nacional (art. 6 y art. 14ter inc. a del Proyecto), con facultades de dictar instrucciones generales, disponer de las funciones de fiscales, coordinar con las fuerzas de seguridad, policiales y agencias de inteligencia (inc.c art. 8Proy, art. 14 quinquies ley), crear Procuradurías especializadas (art.13 Proy, art. 22 ley), etc. . Estos excesivos poderes, sustraídos al Procurador, impiden la fijación de una única política institucional del Ministerio Público Fiscal (art. 4 del Proyecto, art. 12 ley, inc. d, e y art. 10 Proy. Art. 15 ley y art. 11 Proy, art. 16 ley. Además su integración en el Consejo General de Fiscales, transforma palmariamente su carácter de asesor fijado en la Ley 27148, pasando a ser órgano de gobierno, de hecho superior al Procurador. Ello puede facilitar el dominio del Ministerio Público Fiscal, por parte del PEN que los designa;
3) sin razones atendibles se suprimen las Direcciones Generales y las Unidades Fiscales Especializadas creadas por la ley 27148, dejando sin efecto el importante trabajo ya realizado – de público y notorio - , desmembrando las incumbencias necesarias para dar una mejor y mayor capacidad de respuesta a la política criminal diseñada y en funcionamiento afectando al fijación de políticas generales y de persecución penal dentro del marco de promoción y defensa de los derechos humanos, en particular de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOS), Atención a las Víctimas (DOVIC), Defensa de Género (UFEM), Lesa Humanidad, etc. De tal modo, se lesionan las garantías reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente para los sectores más vulnerables que requieren un Ministerio Público que los proteja.
Por ello, requerimos al Poder Ejecutivo Nacional que retire el Proyecto de modificación de la Ley 27.148 enviado al Congreso Nacional, o en su defecto, a los legisladores, su rechazo, para preservar el Bloque de constitucionalidad de Derechos Humanos.


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Junio de 2016.

Eugenio Raúl Zaffaroni
PRESIDENTE

Cristina Livitsanos
PRO-SECRETARIA

Beinusz Szmukler
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO CONTINENTAL