Frente a la decisión del Sr. Presidente
de la Nación Mauricio Macri de designar a los abogados Horacio Rosatti y Carlos
Rosenkrantz para integrar, en carácter de jueces "en comisión", la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Asociación Argentina de Juristas
(AAJ), Rama argentina de la Asociación Americana de Juristas - órgano con estatus
consultivo en la ONU - declara que:
I. El nombramiento de ambos letrados,
fundándose en el mecanismo previsto en el artículo 99, inciso 19, de la
Constitución Nacional, aislado del conjunto de la norma fundamental contraviene
las bases del sistema de gobierno representativo, republicano y federal (art. 1º de la CN), por cuanto:
a) el actual inciso 4 del mismo
artículo sustituyó al inc. 5 del art. 86° de la Constitución histórica,
estableciendo para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema el
cumplimiento del requisito - clave del acuerdo del Senado: la mayoría especial
de “2/3 de sus miembros presentes; en sesión pública, convocada al efecto”.
b) Ese tratamiento contrasta ineluctablemente
con el referido a la elección de “los demás jueces de los tribunales
inferiores” y del dispuesto en el inc. 7 para nombrar y remover a “los
embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo
del Senado”, y aún más, cuando permite al presidente de la Nación, por sí sólo la designación y remoción del
jefe de gabinete y demás ministros, oficiales, agentes consulares y "los
empleados cuyo nombramiento no está
reglado de otra forma por esta Constitución" (inciso 7, in fine).
c) Los recaudos añadidos a la letra
del inciso 4 concuerdan con la reiteradamente expresada preocupación de los
convencionales constituyentes de 1994, en punto a reafirmar la independencia de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al diseñar su
nueva redacción (v. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente,
Orden del Día n° 14).
d) La correlativa ausencia de
variaciones, en la reforma de 1994, en cuanto al régimen de designación
tradicionalmente consagrado respecto de “la concesión de los empleos o grados
de oficiales superiores de las fuerzas armadas” que también requiere acuerdo
del Senado, (inciso 13, primera parte, del mismo artículo 99), reafirma el estatus
específico de los magistrados de la Corte Suprema, que fija el inciso 4, y los diferencia
sustancial y definitivamente del marco del inciso 19.
e) Si la norma general impone que
el Poder Judicial se integra con el acuerdo de dos poderes (inc. 4, art. 99) ,
la interpretación de que el Ejecutivo puede hacerlo por sí solo es de
manifiesta incongruencia, puesto que supondría una contradicción interna en el
supremo texto, conforme a lo cual el inciso 19 anularía al 4° del mismo
artículo; la inveterada y uniforme jurisprudencia de la Corte consagra que la
Constitución es un conjunto armónico, y que si dos de sus normas aparecieran en
pugna, la vía hermenéutica será aquella que permite mantener la validez de
ambas.
f) Aunque con lo expresado sobra
para considerar violatorio de la Constitución y de la legalidad republicana el
censurable decreto, si - por mera hipótesis - se descendiera a reputar meros
empleados pasibles de designación a los abogados de mención, al menos una de
las dos vacantes que se intenta cubrir - si no ambas - ha ocurrido antes del
receso parlamentario. En efecto, el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni presentó su
renuncia al cargo el 31 de Octubre de 2014, a efectivizarse el 31 de Diciembre
de ese año; y el propio Dr. Carlos Fayt presentó la propia el 15 de Septiembre
del corriente año, a efectivizarse el pasado 11 de Diciembre. De tal manera, ni
aún condescendiendo con la inadmisible conjetura de una designación en
comisión, concurren a socorrerla las condiciones previstas en el texto
constitucional ensayado como fallido fundamento de lo que se revela como una
mera decisión, huérfana de respaldo normativo.
g) El insólito dispositivo empleado
por el Presidente de la Nación, incumple, asimismo, lo dispuesto en el Decreto
222/03, reglamentario del inciso 4 del artículo 99 de nuestra Carta Magna, a
través del cual se establecieron los mecanismos tendientes a permitir,
textualmente, "a los ciudadanos,
individual o colectivamente, a los colegios y a las asociaciones que agrupan a
sectores del ámbito profesional, académico o científico de que se trata, a las
organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema, hacer
conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que
pudieran tener respecto del nombramiento a producir". Huelga destacar
la importancia de esa disposición, cuyo contenido responde a los avances
logrados a través de la consagración del bloque de constitucionalidad
representado por los pactos y tratados incorporados mediante el artículo 75
inciso 22 de la Constitución reformada. El instrumento empleado por el titular
del Poder Ejecutivo no pasa de ser un mero decreto. Mas, aún cuando se lo
quisiera considerar en el específico marco de aquellos dictados "por razones de necesidad y urgencia",
conforme a lo que predica el inciso 3 del recordado artículo 99, en el caso no
concurre ni la necesidad ni la urgencia. Tal como lo declaró reiteradamente el
propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún en caso de
desavenencia de los tres miembros que restan en sus cargos tras la renuncia del
ministro Carlos Fayt, está prevista la integración del cuerpo por los
presidentes de las Cámaras Federales. Además, no se puede obviar que a fines de
2014, los senadores del conjunto de fuerzas políticas que integran la alianza
que condujo al triunfo electoral del Ingeniero Macri, declararon públicamente
que no considerarían ninguna candidatura a integrar la Corte que resultara
propuesta por la – entonces - Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, motivo
por el cual el Alto Tribunal funcionó durante todo el año 2015 con cuatro miembros,
y muchas veces con tres, sin generar inquietud alguna entre los integrantes del
actual gobierno.
h) El decreto que criticamos se
alza, además, contra la recientísima doctrina de la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación. En el recordado caso “Rosza”, del año 2007, (Fallos: 330:236) señaló el mecanismo
mediante el cual se adquiere la calidad de juez. Tal sistema de designación
encierra la búsqueda de un imprescindible equilibrio político pues, tal como lo
ha enfatizado muy calificada doctrina — en términos verdaderamente actuales aunque
referidos al texto constitucional anterior a la reforma de 1994 —, el acuerdo
del Senado constituye “un excelente freno
sobre el posible favoritismo presidencial...”, pero también entraña el
propósito de obtener las designaciones mejor logradas: “el Senado — enseña Estrada — presta
o no su acuerdo, según reconozca en la persona propuesta las cualidades y
méritos requeridos para el fiel desempeño de las difíciles cuestiones que está
llamado a resolver" (Estrada, José Manuel: “Curso de Derecho
Constitucional”, Buenos Aires, 1927, pág. 302, con cita de Alexander Hamilton
en “El Federalista”. Más todavía: resulta indudable que la participación del
Senado ha sido enfáticamente reclamada por nuestros constituyentes, ni bien se
atiende al informe de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal que,
al fundar la propuesta de reforma al texto sancionado en 1853, expresó: “todas las Constituciones, y muy especialmente
las federales, han buscado un correctivo a la facultad peligrosa y corruptora
depositada en manos de un solo hombre, de distribuir empleos honoríficos y
lucrativos de un orden elevado”. En
el año 2012, el cimero Tribunal (A. 910. XLVI. "Asociación Magistrados y
Funcionarios c/E.N. - ley 26.372, artículo 2°, s/amparo ley 16.986) convalidó
la exclusión de los secretarios para ser subrogantes; y el 4 de Noviembre
próximo pasado -en "Uriarte,
Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad",
puso de relieve que "los
justiciables tienen el derecho que surge de la Constitución Nacional y de los
tratados internacionales a que - como lo dice la Corte Interamericana de
Derechos Humanos - los jueces que resuelvan sus controversias, aunque
provisorios, sean y aparenten ser independientes… aunque los jueces titulares y
los subrogantes son designados de manera diferente y tienen un grado distinto
de estabilidad, el Estado debe garantizar un procedimiento para el nombramiento
de estos últimos sobre la base de parámetros básicos de objetividad y razonabilidad
que aseguren el ejercicio independiente de su cargo". Si esto es así
respecto de jueces de primera o segunda instancia, nada autoriza a obrar de
manera más flexible respecto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
i) Otro aspecto cuestionable es que
el Poder Ejecutivo no ha tenido presente la obligación de respetar un cupo de
género, ya que ninguna abogada ha sido propuesta.
j)
No es aventurado afirmar, sumando tal cantidad de elementos, que el
intento de designar en comisión a dos integrantes del Tribunal, sin cumplir con
ninguno de los requisitos constitucionales y legales, menoscaba insalvablemente
la institucionalidad democrática; con el riesgo adicional de que si, en mala
hora, la estrategia asumida se mantuviera en el tiempo, podría llegarse al 30
de noviembre de 2016 sin lograrse el respectivo acuerdo del Senado, situación
que posibilitaría que el nombramiento “en comisión” pudiere renovarse para
estos letrados, o recaer sobre otros, arrojando un panorama de designaciones
sin limitaciones temporales por parte del Poder Ejecutivo, mediante el resorte
de cambiar o confirmar a sus jueces cada año. Huelga advertir que, más allá de sus méritos o
deméritos, si llegaran a asumir los cargos asignados de tal suerte, los
abogados así ungidos cargarían siempre, cualquiera sea el sentido de sus
sentencias, con la sospecha de parcialidad y dependencia del Poder Ejecutivo
que los aupó, marginando la Constitución, los Pactos Internacionales y la ley.
II. Ante la reacción de numerosos
constitucionalistas y dirigentes políticos de la propia alianza gobernante, la
situación ha tenido, un par de días atrás, un cambio curioso, extraño, y - en
cierto modo - confuso. Por una parte, el Poder Ejecutivo comenzó con la
publicación de avisos, en apariencia conforme al decreto 222/2003. Por otra, la Corte Suprema publicó un
inhabitual “comunicado”, mediante el cual informa que se reunió “en acuerdo de
ministros”, “manifestando la necesidad de
la rápida integración del tribunal”, sin explicar las razones del cambio de
opinión del Presidente, ni la mora en la inquietud, ya que el Dr. Fayt había
renunciado tres meses antes. Sigue explicando que “dado lo avanzado del año judicial y que restan solamente dos acuerdos
de la Corte y el receso durante el mes de enero, aparece como prudente realizar
las incorporaciones en un momento de plena actividad judicial. Que el Poder
Ejecutivo ha decidido efectuar rápidamente el trámite previsto en el decreto
222/03 para que los pliegos de los candidatos propuestos sean tratados por el
Honorable Senado de la Nación.”
A partir de lo inexplicable de la espera de un momento de plena actividad
judicial, ya que el actual mantiene esa condición, no menor a la de febrero, y de
la exigüidad del plazo que podría demandar un acto de juramento, cabría estimar
que el Poder Ejecutivo, luego de la reunión de los presidentes de ambos
poderes, habría reflexionado y decidido hacer el trámite reglado en la
Constitución Nacional y en la reglamentación complementaria; pero esa ilusión
se desvanece por la inclusión en tal comunicado de la frase: “sin perjuicio de la plena vigencia del
decreto 83/2015”, a lo que se suma el anuncio a la prensa, por parte del
propio titular del Poder Ejecutivo Nacional, relativo a la realización del juramento
de sus dos designados en el mismo mes de febrero. No es menester perder tiempo
preguntándose cuál hubiera sido la reacción de los grandes medios de
comunicación, en caso de suceder una situación como la descrita durante la
gestión gubernativa recientemente finalizada.
III. En síntesis, la medida política adoptada por el presidente Macri se revela como un infausto
antecedente, que violenta el orden institucional de nuestro país y exhibe,
cuando menos, un palmario desconocimiento de las disposiciones de nuestra Ley
Fundamental y de su complementación reglamentaria, para no atribuirlo al
decidido atropello de su vigencia, significativo, en tal caso, de un franco retroceso
a un autoritarismo refractario a las reglas de la normalidad institucional,
tantas veces declamadas.
La AAJ - Rama argentina: denuncia esta situación de manifiesta inconstitucionalidad;
exhorta a superarla con una rápida
rectificación del rumbo emprendido; advierte,
paralelamente, acerca de la necesidad imperiosa de que los canales
institucionales y sociales hagan oír su voz y activen la influencia necesaria,
en el marco que prodiga la propia Constitución, para evitar que se consume el
avasallamiento del principio fundamental de la división de poderes, indispensable
para la subsistencia del régimen republicano y el sistema democrático; y reclama: 1) que se complete el
procedimiento del decreto 222/2003, para que, luego de analizar las
impugnaciones que se presenten respecto a los candidatos propuestos, el Poder
Ejecutivo Nacional defina si eleva la propuesta al Senado de la Nación; 2) que el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se abstenga de tomar juramento a cualquier
candidato designado para integrar el Tribunal, sin acuerdo del Senado.
Buenos Aires, 21 de diciembre de
2015
EUGENIO RAÚL ZAFFARONI
Presidente
LILIANA B.
CONSTANTE
Secretaria General
ARÍSTIDES CORTI
Presidente Consejo Consultivo
BEINUSZ SZMUKLER
Presidente Consejo Consultivo
AAJ Continental
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