Juristas, organización no gubernamental con estatuto consultivo en la ONU- entre
cuyos objetivos se encuentran la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la
promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del estado
democrático y social de derecho; expresa su profunda preocupación por la súbita
aparición en nuestro país, de un conjunto de hechos típicos de
los procesos de desestabilización institucional. Su característica enmarca a la
perfección en la nueva metodología de los llamados "golpes blandos", contra
los gobiernos que no se someten al dominio imperial y promueven la integración
regional de América Latina y el Caribe, a través del Mercosur, la Unasur,
la Celac y el Alba, para enfrentarlo. Se trata de construir en el imaginario social
la imputación de responsabilidad en hechos repudiables, de la Presidenta de la
República, sus funcionarios de mayor jerarquía, y de los sectores del partido de
gobierno más avanzados en su discurso. Los encargados de ejecutar el plan son
los medios de comunicación hegemónicos, un sector predominante del aparato
de la administración de justicia y políticos de oposición ávidos de sacar ventaja
para la próxima contienda electoral. Todos esos elementos se verifican en este
momento, con el agregado de la
al gobierno de la lamentable muerte del Fiscal Nisman. La imputación a la
Presidenta y al canciller Timerman del propósito de levantar el alerta roja
de Interpol sobre los acusados iraníes está desmentida abrumadoramente con
las declaraciones del Secretario Ejecutivo de Interpol, y, sobre todo, con
el propio memorándum firmado con Irán y los hechos posteriores al mismo.
No hay delito de encubrimiento, ni siquiera en grado de tentativa. Nisman
teniendo en su poder las escuchas telefónicas, la única base de su denuncia.
Su precipitado regreso debe responder a alguna convocatoria, que no
pudiese desobedecer. No cabe duda alguna que su muerte, sea suicidio o
asesinato, está entrelazada con su “denuncia”, y le otorga el dramatismo
necesario para diluir la falta de sustento fáctico y jurídico de esa
presentación -que incluso genera dudas sobre su autoría- y en cualquier caso
no ameritaba ninguna urgencia. Probablemente determinó su propio destino,
porque si la denuncia se desinflaba, la existencia de Nisman resultaba un
estorbo para los planes de sus “amigos” desplazados de la Secretaria de
Inteligencia, y sus conexiones con otros servicios extranjeros, con los cuales
está plenamente acreditado tenía una estrecha relación de años, y consideraron
que el clima internacional generado por el atentado terrorista de París,
era el momento adecuado para esa denuncia. Para comprender más
cabalmente la situación es preciso señalar otros elementos producidos
en los días previos a la denuncia de Nisman:
de la Justicia Nacional, como punta de lanza de la campaña desestabilizante,
que interpuso un amparo para invalidar la correcta designación efectuada
por la Procuradora General de la Nación, de 16 fiscales, para cumplir
con la ley que modificó el Código Procesal Penal.
la Nación por los acuerdos firmados con China, cuyo único propósito es
generar una efímera publicidad, contributiva a la generación del clima
antigubernamental. Y en los días posteriores aparece una denuncia
del Fiscal Germán Moldes, en la que involucra en encubrimiento
de un presunto delito de lavado, a la Presidenta y al Director de la AFIP,
y un comunicado firmado por el Presidente de la Asociación de Magistrados
y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, afirmando que
"el contexto de extrema tensión y hostilidad que algunos legisladores
oficialistas y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional han generado en
derredor de la investigación del fiscal, resulta repugnante al respeto y
sometimiento a la labor de la justicia que debe observar cualquier
persona y, más aun, los funcionarios públicos" … “la muerte del fiscal
Nisman resulta en sí un hecho portador de extrema gravedad
institucional, cuyas implicancias -que se proyectan en el ámbito
internacional- requieren el pronto y eficiente esclarecimiento de su
conjura internacional, y desde donde se dirige, se expresa claramente
a través de editoriales de los medios de prensa de EEUU. El más
"investigación internacional" a cargo de juristas sobre el atentado de
la AMIA, a la vez que llama la atención sobre la "sospechosa
muerte" del fiscal Alberto Nisman”. El conservador “The Washington
Times” dice que EE.UU. y Europa deben sancionar al país por
el "asesinato de Alberto Nisman", "La Argentina ha sufrido un
convirtiendo en un régimen autoritario” , afirma que “Nisman
tenía fuertes conexiones en los Estados Unidos… fue un héroe, un
que “las naciones occidentales deben sancionar y aislar a los
líderes argentinos" … “Los Estados Unidos deben suspender las
visas a los miembros del gobierno argentino (así como otros gobiernos
de América Latina, principalmente de países del ALBA y Brasil) y
sus instituciones de seguridad como un medio para ejercer presión sobre
de prensa no deja dudas sobre el riesgo para la democracia y sus
instituciones que afrontamos. A mero título ejemplificativo veamos la
nota de Rogelio Alaniz, del día de la fecha en la pág. 33 del diario
“La Nación”, bajo el título “Del crimen político al Estado mafioso” ,
en tipo de letra del mayor tamaño de ese medio, con subtítulos del tipo
“Este gobierno no sólo no ha controlado a sus perros, sino que les ha
enseñado a morder” , y en un texto que imputa directamente al
gobierno del asesinato de Nisman, comparando a la Presidenta
argentina, con Anastasio Somoza y Benito Musolini. Y termina
con un llamado: “Algo debemos hacer como ciudadanos, antes que
a la indignación que hoy nos domina le suceda el miedo paralizante y
antes que la hora de la democracia sea desplazada por el tiempo de
los gangsters”. Por tanto, la Asociación Argentina de Juristas, reclama:
los esfuerzos para encauzar la investigación del atentado a la
AMIA, y el juicio y castigo para los responsables materiales y/o
intelectuales del atentado a la AMIA, de su encubrimiento y del
desvío de la causa.
el Servicio de Inteligencia, eliminar los reductos y las prácticas mafiosas,
determinar y denunciarse de cara a la sociedad a qué intereses
responden esos "grupos” y quienes lo integran, y sobre todo,
esencialmente, impedir que en el desempeño de sus funcionarios,
la Secretaria de Inteligencia del Estado se encuentre subordinada a
servicios de inteligencia de otros países, convirtiendo el terreno de
nuestra seguridad interior, en el campo de batalla de los intereses
de potencias extranjeras, poniendo en zozobra la vida y la
violando el principio de soberanía, base sobre la cual se
sustentan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales de todos los pueblos. Debe investigarse, apartarse
y juzgarse hasta el último eslabón de estos enclaves mercenarios
al servicio de oscuros intereses extranjeros. En esta tarea deben
estar comprometidos los tres poderes del Estado, conjuntamente
con todos los actores políticos, institucionales y sociales, que
deben definirse, anteponiendo los intereses nacionales a cualquier
rédito partidario; para que nunca más pretenda definirse los destinos
de nuestro país mediante asesinatos y operaciones que alteran la
convivencia de nuestro pueblo, y su aspiración del respeto pleno de
su voluntad popular, expresada a través de elecciones libres y
democráticas.