Declaración de la Asociación Americana de Juristas sobre la situación en Libia

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) reitera su declaración del 1 de marzo de 2011 donde:

a) nos pronunciamos contra cualquier intento de intervención militar en Libia por ser una amenaza a la paz y seguridad internacional;

b) reafirmamos los principios de igualdad soberana de los Estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos en virtud de los cuales es al pueblo libio a quien corresponde resolver su conflicto interno, sin intervención e injerencias extranjeras;

c) condenamos las violaciones de los derechos humanos en Libia e instamos a la investigación de las responsabilidades de su comisión, señalando que si se trata de delitos de lesa humanidad, éstos son imprescriptibles, y no pueden ser beneficiados con indulto o amnistía.

d) recordamos que de concretarse una intervención militar EEUU/OTAN “sería una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe la intervención extranjera en los asuntos internos de un país, rechaza una acción militar unilateral, y sólo admite la acción militar colectiva por decisión del Consejo de Seguridad y bajo su dirección en los casos de amenaza a la paz y seguridad internacional y agotadas todas las vías de solución negociada y pacífica (Capítulo VII de la Carta)”.

La AAJ vuelve a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación en Libia a la luz de la intervención de los EEUU y la OTAN y las órdenes de arresto y captura emitidas por la Corte Penal Internacional contra Gaddafi, su hijo Saif Al Islam y el Jefe de los Servicios de Inteligencia, Abdalá Al Senusi.

La AAJ afirma que la resolución de la Corte Penal Internacional (CPI) obstaculiza las posibilidades de una salida negociada al conflicto libio en la medida en que declaran al dirigente libio prófugo de la justicia internacional cuando aún se carece de pruebas concluyentes en torno a los hechos imputados y la responsabilidad de los acusados.

Además, al no permitir que se concluyeran las negociaciones entre los organismos intergubernamentales regionales como la Liga Árabe y la Unión Africana con el gobierno libio, se dificulta el camino a una solución pacífica y negociada, tal y como advirtió la Unión Africana (UA). La UA, compuesta por 31 Estados que también son Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), se refería a la Resolución 1970 (2011), en la cual el Consejo de Seguridad refirió el caso de Libia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Al emitir este referido de forma

2

prematura el Consejo de Seguridad tampoco dio tiempo a que los embargos y demás sanciones autorizadas por las Resoluciones 1970 y 1973 surtieran efecto.

La Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad fue aprobada por unanimidad, aduciendo el deber de protección a los civiles, integridad del territorio y que se refiera el caso al CPI para investigación. Los Estados Miembros, solicitaron además la cooperación de los Estados Parte del Estatuto del CPI, puesto que reconocen que la CPI se enfrenta al problema de que Libia y otros países como Estados Unidos - miembro permanente del Consejo de Seguridad- tampoco son miembros del Estatuto del CPI.

Muchos de los Estados Miembros de la ONU han mostrado preocupación con la situación de conflicto en Libia, la pérdida de vidas y los bombardeos continuos realizados por la OTAN y la posibilidad que con el referido al CPI no se pueda tener jurisdicción ni se pueda completar el estándar de prueba de las violaciones graves y sistemáticas.

Como en todo conflicto armado, sea interno, internacional o mixto, la población civil en Libia no tiene por qué estar desprotegida, aunque dicho Estado no sea Parte de la CPI ni se suspenden los principios de jus cogens y los principios generales contenidos en los instrumentos de derechos humanos, ratificados por Libia como, por ejemplo, las Cuatro Convenciones de Ginebra y los Protocolos Adicionales, los cuales están incorporados al Estatuto del CPI.

Las Convenciones mencionadas y los principios generales aplican en todo su vigor en tiempos de paz y de conflicto armado. Por tanto, la AAJ hace un llamado a todas las partes a respetar y proteger las poblaciones civiles, a los voluntarios y al personal sanitario, los cuales también han sido objeto de intimidación y violencia de parte del gobierno libio. Según Human Rights Watch y el New York Times [12 de julio], en áreas bajo el control de los opositores a Gaddafi, se han perpetrado violaciones de derechos humanos, abusos y ejecuciones extrajudiciales.

La AAJ exhorta a las Naciones Unidas que, en vez de renunciar a su responsabilidad de velar por las amenazas y quebrantamientos de la paz en la región permitiendo la intervención de la OTAN, hagan las gestiones necesarias que lleven a un alto al fuego de forma inmediata. Debe, además, nombrar una comisión independiente para investigar el bombardeo por la OTAN del 19 de junio de 2011 en Trípoli, en el cual murieron civiles, y realizado en contravención a las obligaciones de las Convenciones de Ginebra que insta a abstenerse cuando hay duda del uso civil de un objetivo (art. 52(3), Protocolo I), dado el principio de no distinción. Asimismo, deben ser investigados todos los bombardeos indiscriminados y continuos perpetrados por la OTAN. La población civil ha sido víctima de los ataques de la OTAN desde el 19 de marzo de 2011, fecha en que la OTAN y EEUU comienzan ataques para implementar una “zona de exclusión aérea”, lo que de por sí conlleva a efectuar una acción militar.

Si se invoca la vía del juzgamiento ante la CPI debe hacerse de forma no parcializada, ya que es condenable que se exima a los Estados No Parte del Estatuto del CPI- según exención consignada en el Sexto Párrafo de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad- por acciones u omisiones que sean producto de las operaciones en Libia establecidas o autorizadas

3

por el Consejo, dejando en manos de dichos Estados No Parte su renuncia a la jurisdicción, aún en casos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

Además, es totalmente contradictorio que por un lado los Estados Unidos exigen a otros países que se adhieran al Estatuto de Roma, y a su vez es Estados Unidos el país que se niega a someterse a la jurisdicción de la CPI. Nos parece que en el caso de Libia la CPI pierde credibilidad y pasa a ser un mero instrumento de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.

Asimismo, la Corte desconoce la obligación que tiene el Fiscal y los fiscales adjuntos de no participar en ningún asunto en que pueda ponerse en duda su imparcialidad (art. 43, num. 7)

¿Por qué procesar solo a Gaddafi y no formular cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad contra George Bush y Donald Rumsfeld? El panorama libio se complica cuando organismos como la OTAN pretenden, para imponer las resoluciones del Consejo de Seguridad, actuar como gendarmes al mando de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que componen el Consejo y tienen poder de veto, lo que es totalmente anacrónico y anti-democrático. Surge entonces otra contradicción con el hecho que, por ejemplo, el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General han implementado las resoluciones contra Israel y su ocupación ilegal de los territorios ocupados en 1967, incluyendo Jerusalén.

Por ello, la AAJ se pronuncia firme y enérgicamente contra la intervención militar en Libia y exige a los EEUU, las ex potencias colonialistas europeas y la OTAN cesar de inmediato su intervención imperial, que son un verdadero peligro a la paz y seguridad internacional; reafirma

los principios de igualdad soberana de los Estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos; reafirma que es al pueblo libio a quien corresponde decidir su futuro, sin intervención e injerencias extranjeras; y llama a que se elaboren los mecanismos para la resolución pacífica del conflicto libio y traer a la justicia a los responsables de las violaciones de los derechos humanos.

18 de julio de 2011

Vanessa Ramos

Presidenta AAJ Continental

Hernán Rivadeneira Játiva

Secretario General