La Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas -Organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que tiene entre sus objetivos: la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del Estado Democrático y Social de Derecho- se solidariza públicamente con el reclamo de los trabajadores de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, quienes luego de cuarenta días de congelamiento de las negociaciones salariales se encuentran llevando adelante un plan de lucha contra el brutal ajuste a sus ingresos. Después de una multitudinaria marcha de trabajadores frente a la Gobernación, este reclamo –silenciado mediáticamente- que lleva más de dos meses fue receptado desde el Ejecutivo provincial, convocando a la dirigencia sindical para una propuesta del 17,3%, previsiblemente inaceptable, casi una burla, de menos de un 1% sobre la anteriormente rechazada del 16,5%, lo cual llevará a una prolongación indefinida de parálisis judicial.
Asimismo, queremos manifestar nuestro desacuerdo con quienes reclaman que se garantice al acceso irrestricto al servicio de justicia consagrado en la constitución, invisibilizando el justo reclamo sindical, y omitiendo que ese derecho fundamental sólo puede ser brindado por los tribunales en funcionamiento normal, con todos sus funcionarios y empleados justamente retribuidos con salarios que les permitan condiciones dignas de vida.
Entendemos que, como operadores de la justicia, debemos bregar, en forma mancomunada y solidaria, por el correcto funcionamiento de este servicio que está destinado a atender y resolver los conflictos de la sociedad, y para ello este Poder Constitucional debe estar integrado –en todas sus instancias- por personal capacitado y comprometido con los derechos y garantías constitucionales, gozando del respeto que merece por su importante labor. Utilizar la coacción para que acepten la pauperización de sus ingresos en modo alguno será la vía de solución al grave conflicto planteado.
Por el contrario, todos los colectivos que participamos en la actividad judicial, debemos interpelar a quienes tienen la responsabilidad ejecutiva de garantizar a todos los ciudadanos el derecho constitucional de efectivo acceso a la justicia, ante juez natural, y en un plazo razonable, para que otorgue los recursos y la prioridad que ello merece, especialmente tratándose de una jurisdicción con un alto grado de conflictividad social, que se encuentra particularmente vulnerable ante la actual crisis económica.
No puede soslayarse la enorme e injustificada brecha, existente entre las remuneraciones de los empleados de la Justicia Nacional y la de los trabajadores de la Justicia Bonaerense, inaceptable a la luz del principio de igual salario para igual trabajo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de mayo de 2016.
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