viernes, 13 de diciembre de 2013

DECLARACION DE LA AAJ ANTE LA SEDICIÓN POLICIAL Y LOS SAQUEOS EN EL MARCO DE LOS TREINTA AÑOS DE DEMOCRACIA EN LA ARGENTINA

La Asociación Argentina de Juristas - Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización continental no gubernamental, con estatuto consultivo en la ONU,- entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la  promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del estado democrático y social de derecho; expresa su profunda preocupación por las consecuencias de los actos de protesta por parte de algunas fuerzas de seguridad provinciales en reclamo por mejoras en sus condiciones laborales que, en forma concomitante provocaron atentados colectivos contra la propiedad (saqueos), y actos de violencia y de perturbación del orden público con la pérdida de vidas humanas y múltiples daños materiales a la población.

A pesar de existir claras señales de normalización, a resultas de la concesión de aumentos vía decreto, otorgados por gobernadores -muy por encima de lo pautado para otros sectores-, este conflicto ha puesto en evidencia la imperiosa necesidad de discutir las políticas de seguridad interior, atento que su vulnerabilidad resulta hoy una eficaz vía de desestabilización de las instituciones democráticas y la convivencia republicana. El análisis de los factores que componen y generan estos hechos resulta la vía necesaria para detener este proceso y buscar los mecanismos y soluciones tendientes a evitar su reiteración.
A tal efecto debe señalarse que:

-Los disturbios y saqueos sufridos no constituyen, en este caso, protesta social. Aparecen coincidentemente  con la desaparición del servicio de seguridad provocado por un reclamo sectorial, que no ha sido debidamente detectado y abordado oportunamente por el poder político provincial.

-El conflicto se da en el marco de destituciones en las cúpulas policiales por sus vínculos con el narcotráfico y denuncias por manejo de bandas delictivas.

-Las bases funcionales, orgánicas y doctrinarias de las fuerzas policiales son las mismas    que se establecieron cuando fueron creadas hace  un siglo y medio, y siguen aun reproduciendo casi las mismas prácticas represivas y corruptas del pasado. Su estructura y disciplina verticalista, es propicia para que sectores reaccionarios ganen mayor peso en sus filas, resultando permeables a la manipulación de los grupos económicos dominantes, espacios de poder y/o organizaciones delictivas, para utilizarlas como brazo ejecutor en defensa de sus intereses. Esto se perpetúa ante la apatía e incapacidad con que los sucesivos gobiernos abordaron los asuntos de la seguridad pública, y fundamentalmente las cuestiones policiales y las problemáticas criminales.

 -Paralelamente a esta grave situación, asistimos a la utilización de las redes sociales para instar al delito y al caos, y, a la par que se anuncian los aumentos concedidos bajo presión,  líderes empresariales y funcionarios del Fondo Monetario Internacional advierten sobre “un excesivo gasto público”, los altos costos laborales y de asistencia social, sacudiendo el fantasma de la crisis económica, en clara oposición al modelo del gobierno, mientras algunos medios masivos de comunicación prometen mas caos fomentando el “sálvese quien pueda”.

Si bien las instituciones y la ciudadanía argentina han demostrado, a lo largo de estas tres décadas, una poderosa capacidad para procesar y superar conflictos, el Estado aún sigue sin diseñar una política integral de seguridad democrática. A consecuencia de ello, asistimos a una nueva forma operativa de desestabilización institucional, aplicada –con mayor o menor éxito- en otros países del continente que atravesaban o atraviesan procesos emancipatorios del poder imperial, con aspiraciones de desarrollo progresivo para sus pueblos.

POR TODO ELLO,
la Asociación Argentina de Juristas, Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, ONG con estatuto consultivo en las Naciones Unidas,

EXPRESA sus condolecías a los familiares y allegados de las víctimas fatales, su solidaridad con las víctimas de los daños materiales, reclamando para ellos la debida reparación.

DEMANDA, una profunda investigación de las causas de las muertes generadas en este conflicto, sus autores materiales, intelectuales, cómplices y facilitadores, que lleve a la determinación y sanción de los responsables de los daños a la propiedad y a la vida, como también de los responsables e instigadores de los delitos contra el orden público y la estabilidad institucional. Su impunidad sería un estímulo a la repetición de estos crímenes. En tal sentido, saludamos la iniciativa de la Procuradora General de la Nación, en relación con la creación de una Comisión especial al efecto.
 
CONVOCA a todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales e instituciones de derechos humanos a participar activamente en la defensa de las instituciones y en la construcción de un espacio de discusión de la seguridad democrática y ciudadana, para arribar a un nuevo modelo de fuerza policial conformada por trabajadores especializados e integrados a la comunidad, que tengan como objetivo asegurar las condiciones de desarrollo progresivo para nuestro pueblo, contribuyendo a su emancipación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013.



    
                    E. Raul Zaffaroni
                    Presidente Rama Argentina

                   Claudia V. Rocca                                     
                   Vicepresidenta Rama Argentina

                   María G. de Diaz De Guijarro
                   Secretaria General Rama Argentina

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