La
Asociación Argentina de Juristas - Rama Nacional de la Asociación Americana de
Juristas, organización continental no gubernamental, con estatuto consultivo en
la ONU, - entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la autodeterminación
de los pueblos, la promoción de los derechos
humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del estado democrático y social de
derecho, manifiesta su rechazo a la denuncia penal contra el
Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Martín Fresneda, acusado de
haber ocultado a la Presidenta de la Nación, información que involucraría al General
César Milani con causas por violaciones a los derechos humanos. En base a ello se
le imputa haber incurrido en un claro incumplimiento a sus deberes como
funcionario público, incurriendo en el delito previsto en el artículo 248 del
Código Penal de la Nación.
Los
denunciantes no pueden ignorar que el General Milani tuvo tres ascensos sin
impugnaciones, antes de la gestión del Dr. Fresneda, iniciada hace poco más de
un año, quien a su condición de víctima[1]
une su denodada militancia en la lucha por la memoria verdad y justicia, como
ciudadano, abogado y dirigente de la organización HIJOS, integrante de la Red
Nacional de Abogados de Derechos Humanos y querellante en causas de Lesa
Humanidad. Tales antecedentes debilitan cualquier intencionalidad de encubrir a
un posible partícipe del terrorismo de Estado.
A la
luz de lo expuesto, entendemos que la denuncia penal constituye una
despreciable maniobra electoralista, tanto porque quienes hoy denuncian a
Fresneda jamás lo hicieron contra Milani, como porque hasta el momento, ningún
juez tiene en trámite causa contra Milani. En todo caso, y en razón de la
complejidad de la reconstrucción de los hechos ocurridos durante ese oscuro período,
ante la posibilidad de un error o una falla del sistema informático, si el
ánimo es la búsqueda de la verdad, pudiera dar lugar a un pedido de
explicaciones dentro del marco institucional.
Oportuno
es recordar, que Raúl Guglimineti un conocido represor y criminal, con
múltiples denuncias, que formó parte del batallón 601 de inteligencia que tuvo
a su cargo la comisión de los delitos más aberrantes ocurridos durante la
última dictadura, integró durante la presidencia del Doctor Alfonsín el
servicio de Inteligencia del Estado, en el denominado “Grupo Alem”-oficina de
inteligencia paralela-, e incluso formó parte de la custodia presidencial.[2]
Por ese entonces y mientras se diseñaba el tristemente recordado recurso de la
“obediencia debida”, el Ministro de Defensa Jaunarena planteaba que las Fuerzas
Armadas –que no habían sufrido ningún cambio desde la dictadura- constituían el principal resguardo de la
democracia. Nadie imputó al entonces Presidente, ni a los funcionarios y
senadores responsables de esa designación; ni de la confirmación, e incluso el
ascenso, de jueces federales como el salteño Lona, imputado de complicidad en
la masacre de Palomitas, quien, en Febrero del 2004, pudo evitar su destitución
por el Jurado de Enjuiciamiento gracias al voto decisivo de un senador de la
misma fuerza política de los denunciantes. Tampoco se pidió el procesamiento de
los autores de las leyes de impunidad de los crímenes del terrorismo de estado
(punto final y obediencia debida) ni de los indultos dictados por el ex
presidente Menem. Por razones de mínima coherencia correspondería, bajo esa
óptica, analizar si en esos casos existió la comisión del delito imprescriptible
de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad.
No
obstante lo expresado, entendemos que el Gral. César Milani deberá ser
investigado sin demora. Por ello encontramos prudente la suspensión del
tratamiento, hasta tanto se diluciden los hechos y pueda determinarse con
claridad el mérito de la denuncia, garantizando el principio de inocencia, tal
como se viene realizando en el marco de los juicios por los delitos de lesa
humanidad, y como corresponde al Estado de Derecho.
Denuncias
con tan alto grado de hipocresía realizadas por avezados políticos no pueden
tener otro objetivo que paralizar la búsqueda denodada de la verdad histórica, el
Juicio y Castigo a los genocidas, la restitución de la identidad a los niños
apropiados, la reparación a las víctimas, el fortalecimiento de la memoria
social y la construcción de una sociedad más justa que garantice a las futuras
generaciones la plena vigencia de los Derechos Humanos y las garantías
Constitucionales, en el marco de un estado democrático y social de derecho.
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 26 de Julio de 2013.
Beinusz Szmukler
Presidente del Consejo Consultivo Continental
Presidente del Consejo Consultivo Continental
Ernesto
Moreau
Presidente AAJ Argentina
Carlos M. Vilas
Vice-presidente AAJ Argentina
Vice-presidente AAJ Argentina
Claudia V. Rocca
Secretaria General
AAJ Argentina
[1] su madre embarazada y su
padre fueron detenidos-desaparecidos en la “Noche de las Corbatas”, y su tío
abuelo, cuyo cuerpo apareciera hace pocos días en el enterratorio clandestino
de Pozo de Vargas, fue desaparecido por Muza Azar el 13 de marzo de 1976
[2] Raúl
Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino", fue un agente de
inteligencia argentino perteneciente al batallón 601,
relacionado con múltiples actividades criminales clandestinas: Durante
la dictadura (1976-1983) perteneció al Grupo de Tareas que tenía su base en el
centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, relacionado
con operaciones del Plan Cóndor, y bajo el mando de Aníbal
Gordon. Recuperada la democracia en la Argentina , llegó a formar parte de la Custodia Presidencial
del por entonces flamante presidente Raul Alfonsín,
hecho este que salió a la luz de la opinión pública y fue documentado
gráficamente, hasta que el gobierno Radical lo separó de tal función. A
partir de 1978 condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE) que organizó la
colaboración del régimen militar argentino con la guerra sucia en
Centroamérica, conocida como Operación Charlie. Fue integrante de la denominada
"Banda de Aníbal Gordon", relacionada con
el secuestro y posterior asesinato del empresario y banquero Osvaldo Sivak en
1985 y vinculado al tráfico de armas y de drogas. Guglielminetti se había
fugado de la justicia en la década del '90. El 9 de agosto de 2006 fue detenido
para ser procesado por delitos de lesa humanidad y condenado a 20 años de prisión el 30 de
marzo de 2011 por sentencia que no se encuentra firme.
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