miércoles, 22 de mayo de 2013

REPERCUSIONES DE LA DECLARACION DE LA RAMA CON RELACIONA AL DNU N° 2 DEL GOBIERNO DE LA CABA

Para los juristas, "es nulo de nulidad absoluta"
claudiarocca@hotmail.es te ha compartido la siguiente nota de Infonews:
Para los juristas, "es nulo de nulidad absoluta"
Además, advirtieron que podría constituir un "delito de usurpación de funciones".
Para leer la nota completa, por favor ingrese en este link:
Saluda atte.
El equipo de InfoNews.com




---------- Mensaje reenviado ----------
De: Colectivo Ex- Presos Politicos y Sobrevivientes Rosario <colectivoepprosario@hotmail.com>
Fecha: 18 de mayo de 2013 14:38
Asunto: RE: DECLARACION DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE JURISTAS SOBRE EL DNU Nº 2 DEL GOBIERNO DE LA C.A.B.A.

Posteado en la fecha.
etiquetas:Buenos Aires.
Saludos cordiales.

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Date: Tue, 21 May 2013 00:11:55 -0300
Subject: cable de Télam

Juristas afirmaron que el DNU de Macri es nulo y podría ser calificado como delito
http://www.telam.com.ar/notas/201305/18240-juristas-calificaron-al-dnu-de-macri-como-nulo-de-nulidad-absoluta.html

viernes, 17 de mayo de 2013

DECLARACION DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE JURISTAS con relación al DNU Nº 2 DEL GOBIERNO DE LA C.A.B.A.


El Jefe de Gobierno de la C.A.B.A, Ing. Mauricio Macri, ha dictado un decreto de necesidad y urgencia, que no se sostiene en ninguna de las dos condiciones requeridas por el art. 103 de la Constitución de la Ciudad y no “existe ninguna circunstancia excepcional” que haga imposible seguir los trámites ordinarios para el dictado de las leyes. Bajo la excusa de la defensa de la libertad de expresión -que estaría amenazada por intenciones de la Presidenta de la Nación, que hasta el momento no han tenido expresión en los hechos- se atribuye facultades legislativas de las que carece.
El DNU viola:
* el Art. 31 de la Constitución Nacional que establece que la “Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella…”
* el art.  116, que dispone que “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación..” y “de los asuntos en que la Nación sea parte”
*  el artículo 126 , que restringe la facultad legislativa de las provincias, prohibiéndoles expedir leyes sobre comercio, o dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería
* el artículo 128 que ordena: “Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación”
* los artículos. 4 y 75, incs. 1,2,3 al pretender impedir la aplicación de leyes o actos administrativos nacionales, en el territorio de la Ciudad a personas jurídicas aquí domiciliadas y el abuso de controles oficiales, la imposición de aranceles, impuestos, regulación o cargas extraordinarias para la producción o importación de papel para medios gráficos, de enseres, equipos, insumos y aparatos necesarios para la difusión de expresiones, información opiniones o ideas por cualquier soporte o modalidad.
* el principio de presunción de legitimidad de las leyes nacionales;
* la ley de medios y toda la normativa nacional e internacional referida a la utilización del espacio radio eléctrico; en contra de lo que dice los relatores de libertad de expresión, quienes han sostenido que las normas de competencia son insuficientes para promover el pluralismo y la diversidad en los medios.
* la competencia nacional y de las provincias sobre sus propios medios cualquiera sea su domicilio.
El DNU llega al colmo de alzarse contra el facultad expropiatoria del art. 17 de la Constitución Nacional y el artículo 80, inc. 9 de la Constitución de la Ciudad, al establecer en su artículo 16 que “Los inmuebles, registros marcarios, licencias de comunicación audiovisual, instalaciones, equipos, maquinarias, materiales, enseres, insumos, suministros, ni todo activo o bien necesario para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas, que pertenezcan a periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, con domicilio en la Ciudad que se encuentren en ella instalados, estarán protegidos inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, embargos, secuestros y ejecuciones administrativas. Las deudas que con los organismos públicos tengan los periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, originadas en cualquier tipo de sanción o multa administrativa o de origen tributario sólo podrán ser ejecutadas judicialmente contra activos que no resulten, directa o indirectamente imprescindibles para el ejercicio de tal actividad.”
En los artículos siguientes del DNU, continúa el dislate jurídico y la asunción de competencias federales claras[1], incurriendo en una conducta que merece ser analizada desde el punto de vista penal, para determinar la comisión, por ahora en grado de tentativa, del delito de usurpación de funciones.  
La posibilidad de expropiación del 24% de Papel Prensa, que podría decidir el Congreso Nacional y de una intervención legal dispuesta por la Comisión de Valores respecto del grupo Clarín por 180 días, -aunque fueron desmentidas por el gobierno nacional-, son cuestiones fuera de la competencia del gobierno de la Ciudad Autónoma. La expropiación de un paquete accionario que otorgaría mayoría decisoria al Estado Nacional, lejos de constituir una amenaza a la libertad de expresión, al menos en principio, la favorece, ya que pondría a la empresa bajo el escrutinio público, y permitiría un tratamiento igualitario a todos los consumidores de papel para prensa gráfica, mientras que en la situación actual resultan beneficiados, con menores costos del insumo-, quienes están acusados de haber accedido a su propiedad, en connivencia con la dictadura cívico-militar del período del terrorismo de estado por vía del despojo a precio vil, a los creadores de la empresa. En ambos casos si la actuación de los organismos nacionales tuviera algún vicio de ilegalidad, corresponde exclusivamente a los tribunales federales, el análisis y decisión sobre la existencia o no de un perjuicio, de carácter puramente patrimonial, a los titulares del dominio actual, resarcible por el Estado Nacional.
El desmadre del DNU se acentúa con la creación de un fuero especial  para el juzgamiento de los casos que se pretende proteger, en menoscabo de la justicia federal y de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, hasta tanto se constituya y entre en funcionamiento ese tribunal ilegal, pretende imponer esa competencia al Superior Tribunal de Justicia de la C.A.B.A., violando el art. 113 de la Constitución de la Ciudad, y el principio aceptado universalmente de la inconstitucionalidad de la ampliación por ley de la jurisdicción original del Tribunal definida por la Constitución misma. (fallo Madison vs. Madbury, 1803)
En consecuencia, la Asociación Argentina de Juristas, Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, ONG con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, declara:
1.     El DNU Nº 2 del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es nulo de nulidad absoluta;
2.     Llama a los legisladores a no dejarse llevar por su enfrentamiento político con el gobierno nacional, sirviendo a los intereses particulares del grupo Clarín y a los apropiadores de Papel Prensa, y rechazarlo, evitando caer en la misma ilegalidad de sus autores.




[1] Ver los artículos siguientes, (sólo se transcriben algunos  a título de ejemplo): “No se podrá intervenir, desapoderar, despojar, reasignar, transferir ni ofertar publica o privadamente, sin la aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios, ningún medio de comunicación, ni ningún inmueble, instalación, registro marcario licencia de comunicación audiovisual, equipo, maquinaria, enseres, insumo, suministro, ni ningún otro bien, material o inmaterial, necesario, directa o indirectamente, para la libre difusión de expresiones, información, opiniones o ideas.
Las acciones o cuotas sociales de las sociedad que, directa o indirectamente, sean propietarias de medios de comunicación, cualquiera ….no se podrán expropiar, confiscar, decomisar, reasignar ceder o transferir sin la aprobación voluntaria y expresa de sus titulares.
Los derechos políticos correspondeintes a las acciones de las sociedades que directa o indirectamente, controlen medios de comunicación,.. cuentan con la más amplia protección y nadie podrá interferir en su ejercicio regular”.(art. 17)
Ninguna autoridad públcia podrá intervenir en manera alguna, ni designar ni interventeores ni admnistradores coadyuvantes,, ni veedores con o sin derecho a veto, ni participar, ni directa ni indirectamente, en la dirección gerenciamiento  o control societario de los medios de comunciación con domicilio en la Ciudad, cualquiera sea el soorte o modalidad que utilicen para difundir expresiones, información opinión o ideas ni tampoco interferir en manera alguna en sus decisiones editoriales ni empresariales ni apartar ni separar ni remover ni siquiera temporalmente sus órganos de administración.





Buenos Aires, 16 de Mayo de 2013
       
         Beinusz Szmukler - Presidente del Consejo Consultivo Continental  
         Ernesto Moreau - Presidente  Rama Argentina                               
         Carlos M. Vilas - Vice-presidente Rama Argentina                                 
         Claudia V. Rocca - Secretaria General                                       
         Rosana Actis - Secretaria de Prensa   
                                                                            

jueves, 16 de mayo de 2013

ADHESION DE LA AAJ A LA CONVOCATORIA DE LA UTPBA ANTE LA BRUTAL REPRESION DEL PASADO VIERNES 26 DE ABRIL de 2013 EN EL HOSPITAL BORDA


La Asociación Argentina de Juristas -Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización continental no gubernamental, con estatuto consultivo en la ONU-, entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la promoción de los derecho humanos, su efectiva vigencia, y la defensa del estado democrático y social de derecho, hace llegar su adhesión a la convocatoria de la Unión de Trabajadores de Prensa (UTPBA), expresando su total repudio a la brutal represión que sufrieron el pasado viernes 26 de abril de 2013, trabajadores del hospital Borda, pacientes y familiares, periodistas y legisladores, a manos de efectivos de la Policía Metropolitana, quienes llevaron adelante el operativo de seguridad en la demolición de un taller del Hospital.
Señalamos que el accionar de esta fuerza de seguridad evidencia un desprecio por los derechos humanos consagrados en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales suscriptos, y un obrar en donde se invierte la pirámide jurídica, colocando por encima los intereses particulares, en detrimento del supremo derecho a la vida, a la salud y al trabajo.
Exhortamos a la ciudadanía toda a rechazar esta metodología, exigiendo una profunda investigación sobre los hechos ocurridos, que determine los verdaderos responsables de lo ocurrido y el correspondiente castigo de acuerdo a las leyes vigentes. Estos hechos terribles deben dar lugar a la reflexión acerca de qué fuerzas de seguridad necesita nuestra sociedad y el perfil que debiera requerirse para quienes la integran.
Asimismo, manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de tan deleznable accionar.


                                                                                               C.A.B.A 30 de abril del 2013

Beinusz Szmukler - Presidente del Consejo Consultivo Continental            
Ernesto Moreau - Presidente  Rama Argentina                               
Carlos M. Vilas - Vice-presidente Rama Argentina                              
Claudia V. Rocca  - Secretaria General                       
Rosana Actis - Secretaria de Prensa                
María  Cristina Hammermuller - Tesorera

miércoles, 1 de mayo de 2013

XVI Conferencia Continental de la AAJ - 25, 26 y 27 de Septiembre de 2013 - Santiago del Estero

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero adhiere a conferencia:

26/04/2013 | La Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, presidida por el doctor Eduardo José Ramón Llugdar, decidió otorgar el auspicio a la XVI Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas (A.A.J) 2013, a realizarse los días 25, 26 y 27 de setiembre del corriente año, bajo el lema: “La integración regional: sus desafíos jurídicos”.

Dicha conferencia se llevará a cabo en esta ciudad Capital y contará con la presencia de delegados extranjeros que representarán a no menos de diez países de nuestro continente..

URL http://www.nuevodiarioweb.com.ar/notas/2013/4/26/adhiere-conferencia-449793.asp

“El tema de la reforma judicial debe ser de todo el pueblo”

Publicamos a continuación el link al reportaje realizado al Dr. Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas y miembro de la Asociación Argentina de Juristas - Rama Nacional de la AAJ - , el sábado 27 de abril de 2013, por Eduardo Anguita en CN23:

http://sur.infonews.com/notas/el-tema-de-la-reforma-judicial-debe-ser-de-todo-el-pueblo