DECLARACION DE LA AAJ - RAMA ARGENTINA EN RECHAZO AL ENJUICIAMIENTO AL JUEZ BALTAZAR GARZON

La Asociación Argentina de Juristas, Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, ONG con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, reitera su más enérgico repudio, por el enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón, por parte del Tribunal Supremo de España. La primera causa en la que se acaba de dictar sentencia refiere a un juicio por blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, que compromete a dirigentes del Partido Popular en el gobierno, en la cual Garzón, a pedido de los investigadores, con acuerdo de la Fiscalía, dispuso la intervención de las conversaciones telefónicas mantenidas en la cárcel entre los imputados y sus defensores, a merito de una posible complicidad entre los mismos para cometer nuevos delitos. Al disponer la medida, Garzón señaló expresamente que de la transcripción de las grabaciones debía excluirse aquello que pudiera vulnerar el derecho de defensa. Y de hecho la medida no provocó perjuicio alguno a los procesados. Pero aún en el caso que una prueba obtenida implicara una lesión al derecho de defensa, lo que no sucedió en el caso, normalmente el Tribunal debe desecharla, y si no lo hace el de primera instancia, el de apelación o el Supremo declararían su nulidad. De modo que resulta clara la inexistencia de base para la condena del magistrado interviniente por prevaricato, y que el objetivo del Tribunal Supremo es un castigo por el atrevimiento de Garzón de pretender juzgar los crímenes de lesa humanidad del franquismo, y al mismo tiempo una advertencia a la judicatura española que no se permitirá ninguna investigación que ponga en peligro la impunidad concertada, bajo cuerda, en el Pacto de la Moncloa para los responsables del secuestro y falseamiento de su identidad de más de 30.000 hijos de familias republicanas, la desaparición forzada de 115.000 republicanos, la masacre de más de 300.000, la detención ilegal, la tortura y el sometimiento a la esclavitud de centenares de miles y el desplazamiento al exilio de más de medio millón, así como la remisión de decenas de miles a los campos nazis de exterminio. Ninguno de estos crímenes ha sido investigado en España, pero se sanciona brutalmente al juez que quiso hacerlo, también económicamente, al privarlo de su cargo, de todo ingreso para su sustento, e imponerle multas y costas.

Los argentinos tenemos un especial deber de gratitud por la invalorable contribución que Garzón hizo al impulso de la investigación de los crímenes del terrorismo de estado cometidos en la Argentina y Chile, Por ello la AAJ formula un llamado a centros académicos, organismos de derechos humanos y a las autoridades de los tres poderes del Estado, a expresarle su solidaridad, invitándolo a asumir funciones adecuadas a su capacidad y experiencia en nuestro país.

Buenos Aires, 12de febrero de 2012.-

Beinusz Szmukler

Presidente del Consejo Consultivo Continental

Carlos M. Vilas

Vice-presidente Rama Argentina

Claudia Rocca

Secretaria General

María Cristina Hammermuller

Tesorera

Rosana Actis

Secretaria de Prensa

Repercusiones de la declaración en solidaridad con el

Colegio de Abogados de Rosario sobre el caso Amelog

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Colegio de Abogados

2da. Circunscripción Judicial

Prov. de Santa Fe

Rosario, 11 de enero 2012

Señor Presidente del Consejo Consultivo Continental

de la Asociación Americana de Juristas

Doctor Beinusz Szmukler

Presidente de la Asociación Argentina de Juristas

Doctor Ernesto Moreau

S/d.

De mi mayor consideración:

La firme y fundamentada declaración que las instituciones que ustedes presiden han emitido en apoyo a nuestra decisión colegiada de cancelar la matrícula del abogado Daniel Amelong, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, han significado para el Colegio de Abogados de Rosario que presido no sólo un hecho alentador, sino también –y sobre todo– una verdadera ratificación del rumbo elegido, dados los numerosos, sensatos y contundentes argumentos jurídicos que la respaldan.

Así, entre otras muchas consideraciones que ustedes formulan –todas, insisto, de altísimo valor– abordan el punto de la ausencia de sentencia “firme” esgrimido en el fallo de la Cámara de Apelación en lo Penal para hacer caer la decisión de nuestro Directorio que excluyó al condenado de la matrícula; exclusión que –por lo demás– hemos ratificado posteriormente y la seguimos y seguiremos sosteniendo.

Es particularmente valioso este abordaje de vuestra declaración, y por eso lo destaco, ya que demuestra que el de la falta de sentencia definitiva es un argumento puramente formal y ni siquiera aparece como el más significativo en la nómina de los que motivaron nuestra decisión institucional. Con todo, es de lamentar que no sólo los jueces sino algunos colegas adjudiquen a la sentencia firme un valor tan absoluto, al extremo de relativizar no sólo la preponderancia sino también la validez de otros valores, a pesar de que los comparten.

En el caso de la legislación santafesina que establece los modos y formas por los cuales el Colegio de Abogados puede dar de baja la matrícula de un abogado, se habilita al Directorio para hacerlo sin sustanciación cuando se fundamente en condena judicial, lo que es del caso, o con intervención del Tribunal de Etica bajo determinada regulación. Pero hay un plexo, un contexto normativo más amplio e incluso de superior jerarquía –que ustedes mencionan en su declaración–, como la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que se suman a exigencias propias de la profesión de abogado sustentadas en su carácter público y en la ética profesional –que también nos recuerdan– de donde surge prístina la facultad colegiada sin la cortapisa del formalismo ritual centrado exclusivamente en la interpretación de la palabra “condena”, en el cual se empantana el fallo que nos preocupa.

Debimos batallar para imponer este criterio en el seno de nuestra institución y debemos hacerlo en el seno del Poder Judicial contra una jurisprudencia ritualista. La lucha continúa y resulta gratificante encontrar en la misma trinchera a juristas de vuestra jerarquía, cuyo respaldo nos honra y nos ayuda a seguir adelante con las armas del derecho.

Muchas gracias por la declaración que emitieron, de la que ya se han ocupado órganos locales de prensa, y un saludo cordial a todos sus firmantes.

Atentamente.

Dr. Ignacio Del Vecchio

Presidente