“Cualquier
acción referida a los derechos de otras personas cuyo principio no sea
compatible con la publicidad, es injusta” Imannuel
Kant - La Paz Perpetua
La Asociación
Argentina de Juristas - Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas,
organización continental no gubernamental, con estatuto consultivo en la ONU,-
entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la autodeterminación de los
pueblos y contra el colonialismo, manifiesta su preocupación ante la noticia difundida por
el diario Página 12 (nota de Horacio Verbitsky) el pasado domingo 10 de
septiembre del corriente, en la que informa que tres
especialistas estadounidenses en Seguridad Nacional, Guerra no Convencional y
Operaciones de Información dictarán un curso para el personal del Ministerio de
Defensa sobre “Lineamientos Estratégicos”. El curso forma parte del Programa
Expandido de Educación y Entrenamiento Militar (Expanded International Military
Education and Training, E-IMET) de la Defense Security Cooperation Agency, -
dependiente del Ministerio de Defensa Estadounidense- dirigido a países en los
cuales “el programa de entrenamiento militar provoque mucha susceptibilidad”.
En primer lugar, resulta necesario recordar que, luego de
la terrible experiencia del terrorismo de estado, se sancionaron las leyes 23.554
y 24.059. La primera establece “las bases jurídicas, orgánicas y
funcionales fundamentales para la
preparación, ejecución y control de la defensa nacional” (art.1ro),
conceptualizando e instituyendo a la
“defensa nacional” como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la
Nación para la solución de aquellos
conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar
las agresiones de origen externo”
(art.2do). De tal modo la defensa
nacional queda definida como una política de Estado tendiente a garantizar
exclusivamente la seguridad externa del
mismo, y configurando, de ese modo, un ámbito de competencia institucional particular y
distinto del de la seguridad interior.
Este criterio distintivo se reforzó en el art.4to de la ley, al fijar que “para
dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a
la defensa nacional de la seguridad interior”.
La 24.059 afirma que la Seguridad Interior es “la situación de hecho
basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida
y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia
de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional” ((art.2do), y que implica “el
empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y
de seguridad de la Nación”, esto es Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, Gendarmería Nacional y las policías provinciales- (art.3ro). .
En orden a los criterios aplicados por Estados
Unidos en materia de “su seguridad”, su intervención histórica en terceros
países y los antecedentes de “sus especialistas”, -acuñados, últimamente, en las violaciones de los derechos humanos
por sus tropas de ocupación en Afganistán e Irak, y en el tratamiento de los
prisioneros en Guantánamo-, es dable pensar que la capacitación a brindar es incompatible
con la concepción de Seguridad Democrática que nuestra sociedad ha sabido
acuñar.
Debemos recordar que los países de América Latina y
el Caribe han acumulado una larga y negativa experiencia sobre la capacitación
o influencias en las propias fuerzas de seguridad y defensa, por fuerzas de
Estados Unidos que han sido utilizadas como instrumento de políticas desestabilizadoras,
represivas y de intervención en los asuntos internos de otras naciones del continente.
Baste mencionar al Plan Colombia, que abasteció al gobierno colombiano de
recursos financieros, militares y humanos de enorme magnitud, contra las
fuerzas insurgentes a las que pretende vincular, sin prueba alguna, con el
terrorismo internacional. Es indudable que el narcotráfico y el terrorismo
internacional -en la particular caracterización que de ambos lleva a cabo la
política exterior de Estados Unidos en su relación con América Latina-
desempeñan el mismo papel que, durante la guerra fría, le fue asignado al
comunismo. A esto debe añadirse la
reacción política de Estados Unidos al surgimiento en Latinoamérica, en años
recientes, de varios gobiernos democráticos, sólidamente implantados por la
voluntad mayoritaria de sus pueblos, empeñados, en diversos grados, en la realización
de profundas reformas políticas y económico-sociales.
De confirmarse esta
noticia, consideramos que no sólo es motivo de preocupación dentro del ámbito
nacional, sino que puede tener proyecciones sobre el conjunto de los países de
la región. Recientemente los ministros de Defensa,
Interior, Justicia y Relaciones Exteriores de UNASUR reiteraron, en Cartagena
de Indias, Colombia, la necesidad de “distinguir el tratamiento de los asuntos
de Defensa de los de Seguridad, independientemente de los ordenamientos
jurídicos de cada Estado, así como contar con un ámbito específico para abordar
las problemáticas delictivas comunes en la región suramericana diferenciado de
los mecanismos hemisféricos existentes”. En esa reunión, la ministra argentina
de Seguridad, Nilda Garré, expuso sobre las diferencias entre Defensa y
Seguridad. Mientras la Defensa se vincula con la política exterior, la
soberanía y el territorio, la Seguridad remite a “la paz social, la estabilidad
institucional del Estado, el control del orden público y las debidas garantías
a los derechos” de los ciudadanos.
Por ello, la AAJ reclama
un pronto esclarecimiento de esta noticia, con la debida información a las
instituciones democráticas, de cara al conjunto de la ciudadanía y al resto de los países de la región que
desde hace mucho tiempo reclaman que ninguna fuerza extranjera se asiente en
los países del Continente, y que se realice un gran esfuerzo de unidad y
control que impidan los intentos de desestabilización de sus gobiernos, nuevas violaciones
a los derechos humanos, a las garantías constitucionales, y/o a la soberanía de
los estados.
Buenos Aires, 10 de
septiembre de 2012
Beinusz Szmukler - Presidente del Consejo Consultivo Continental
Ernesto Moreau - Presidente Rama Argentina
Claudia V. Rocca - Secretaria General Rama
Argentina
Rosana
Actis - Secretaria
de Prensa Rama Argentina
María Cristina Hammermuller - Tesorera Rama Argentina
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