17 de junio de 2013
Saludos cordiales a todos y todas:
Comparece ante ustedes Osvaldo Toledo García en representación de la Asociación Americana de Juristas, Capítulo de Puerto Rico.
Las Naciones Unidas reconocieron a Puerto Rico como un territorio no autónomo conforme al Artículo 73e de su Carta constitutiva y así quedaron obligados los Estados Unidos a presentar informes periódicos al Secretario General de dicho organismo sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de Puerto Rico.
Traemos a la atención de este Comité que en dicha Carta constitutiva, las Naciones Unidas hacen referencia a las colonias como: los pueblos que todavía no han alcanzado la plenitud del gobierno propio; el uso del adverbio de tiempo todavía, nos da a entender que sus autores vislumbraban la descolonización como una consecuencia inevitable en el curso de la humanidad.
En el 1953 la Asamblea General aprobó la Resolución 748 (VIII) y dejó de considerar a nuestra Isla como un territorio no autónomo, eximiendo así a los Estados Unidos - mal llamados: “administradores” como
eufemismo para no decir: “colonizadores” - de su obligación de presentar los informes requeridos.
El ratio decidendi de la Asamblea General para excluir a Puerto Rico de la lista de los territorios no autónomos lo fue la amañada atestación de su colonizador sobre el nuevo status constitucional que ahora disfrutaba la Isla: “una asociación concertada en el común acuerdo” alcanzado entre la colonia y su imperio. Se denominó el mismo con el circunloquio de: “Estado Libre Asociado” y se vistió de gala a la colonia. Así nació la premisa oximorónica del “acuerdo con la colonia”.
La Asamblea General determinó que Puerto Rico pasó de ser un “territorio no autónomo” a tener un gobierno investido de soberanía política. Resolvieron que la colonia alcanzó el status de gobierno propio.
Ladina y burlonamente los EE.UU. alegaron concederle a nuestro pueblo el derecho a organizarse bajo una constitución propia. Es decir, alegaron concederle el derecho inalienable que ya de por sí ostentan todos los pueblos del mundo. De esa forma y después de que los residentes de Puerto Rico ratificaron su Constitución desde una posición de inferioridad a la Constitución estadounidense, se representó a las Naciones Unidas que “el gobierno propio” de Puerto Rico fue alcanzado y la Resolución 748 (VIII) fue aprobada.
Así, señores, entendió la Asamblea General que se nos invistió de la soberanía política propia de un estado autónomo. No obstante, el producto fue: una Constitución colonial contenida dentro del marco de la Ley federal que la habilitó.
Para que un pueblo pueda determinar su condición política, su voluntad debe ser ejercida libremente y sin injerencia externa. Más que ser objeto de injerencia externa, nuestro poder para determinar la condición política de la Isla se encuentra completamente secuestrado por el Congreso desde 1898 en virtud del Tratado de París y la Constitución de los Estados Unidos. Resulta quimérico, improcedente y raya en lo ridículo, cualquier argumentación a favor que Puerto Rico alcanzara por medio de su Constitución, una asociación concertada en un común acuerdo con los Estados Unidos adviniendo así al gobierno propio.
El 12 de octubre de 1970, la Asamblea General se reafirmó en su determinación sobre el derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación y a la independencia, declarando la continuación del colonialismo, en todas sus formas y manifestaciones, como un crimen que viola la Carta de las Naciones Unidas y reafirmó su compromiso con su Declaración
1514 (XV), la cual constituye la base jurídica para los procesos de libre determinación e independencia.
Solo después de transferirse a nuestro pueblo los poderes usurpados por el Congreso, puede darse un genuino ejercicio de libre determinación.
Hemos reconocido y nos reiteramos que una vez se de la transferencia de poderes requerida para una libre determinación, la Asamblea Constitucional de Estatus es el mecanismo procesal viable, democrático y vinculante a usarse para determinar nuestra condición política.
Los Estados Unidos de América han violentado los derechos fundamentales de los puertorriqueños durante más de un siglo. Sus actuaciones han incidido y continúan incidiendo en el derecho de nuestro pueblo al disfrute de su identidad nacional y en el poder determinar, sin interferencia, como habremos de ejercer nuestros derechos políticos, civiles, económicos, culturales y sociales.
Como resultado de la lucha del pueblo puertorriqueño, hace diez (10) años cesaron los bombardeos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en Vieques. No obstante, la Marina continúa conculcando el derecho del pueblo sobre sus tierras. Fueron sesenta (60) años de abusos que provocaron la degradación de las tierras y el ambiente.
Si bien se lograron detener los bombardeos en Vieques, nuestra incansable lucha continúa para desmilitarizar el territorio nacional y poder obtener el control de las tierras que fueron ocupadas. Exigimos la descontaminación y devolución de nuestras tierras para su desarrollo sustentable.
El pueblo puertorriqueño repudia la aplicación de la pena de muerte, por ser contraria a nuestros valores. El gobierno de los EE.UU. continuamente intenta imponernos el uso de la pena capital en los casos criminales que se ven en la Isla. Esta imposición pone de manifiesto el carácter colonial de la relación entre Puerto Rico y los EE.UU. Denunciamos el carácter colonial que representa la existencia de una Corte de Distrito Federal de los EE.UU. en Puerto Rico y exigimos que se respete nuestro pueblo.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene que reconocer la ilegalidad colonial de imponer un tribunal sobre un pueblo al que denomina “territorio” para todos sus fines legales y a su vez, tiene que cesar inmediatamente la práctica ilegal de certificar casos para imponerles la pena de muerte en Puerto Rico.
La AAJ exige a los EEUU la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera. Oscar ya ha cumplido 32 años de cárcel, tiene 70 años
de edad y sigue teniendo el respaldo mayoritario de los puertorriqueños(as) tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y tiene también el respaldo de organizaciones, personalidades e individuos a nivel internacional.
A Oscar se le acusó, junto a otros luchadores independentistas puertorriqueños que ya han sido indultados, por conspiración sediciosa. Nunca fue acusado, ni declarado culpable, de ocasionarle daño o muerte a persona alguna. Durante estos 32 años de encarcelamiento ha sido obleto de multiples abusos y torturas.
El derecho internacional protege a los luchadores anticoloniales y por ello reiteramos nuestra solicitud de dar atención inmediata a la excarcelación de Oscar. Queremos a Oscar en nuestra casa, su casa, Puerto Rico.
Pesa una vez más sobre los hombros de este Comité, examinar el caso de Puerto Rico a la luz de la Resolución 1514 (XV). Durante cuatro (4) décadas ustedes han presenciado los testimonios de varias generaciones de puertorriqueños en denuncia del vasallaje colonial. Algunos, aunque incansables como Don Juan Mari Brás, los ha vencido el tiempo falleciendo
sin poder ver a su patria gozar de la mas natural de las pretensiones; la libertad.
Los exhortamos a que hagan de nuestra comparecencia el día de hoy; una consecuente, y que sus voces provoquen que nuestro caso sea oído en la Asamblea General. Que en un futuro más cerca que lejos; Puerto Rico sea parte del Comité de Descolonización y no un compareciente.
Buen día y muchas gracias.
