En el ballotage del próximo domingo, la ciudadanía podrá optar sólo entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta, por adscripción o rechazo a las propuestas y a lo que representan uno u otro. En este escenario, el voto en blanco es un acto que aparece como sólo autosatisfactivo, que sirve para manifestar la disconformidad con los dos candidatos. En ese sentido, tomando en cuenta los guarismos eleccionarios de las primarias, el número de tales votantes, no tendrá la menor influencia en las futuras políticas públicas que determinarán un modelo de país. Conquistar y afianzar el derecho a elegir, ha requerido la lucha y el sacrificio de muchas generaciones en nuestro país. Por ello llamamos a ejercerlo, sin que ello implique renuncia a la propia identidad política o ideológica de cada un@
El debate presidencial ha mostrado las diferencias entre ambos candidatos, más allá de los clishé discursivos. Las posiciones en cuestiones centrales de uno y otro, los sectores de poder que representan, los conceptos sobre instituciones democráticas, su plan de gobierno (el explícito y el implícito), y los nombres que integran los futuros equipos que decidirán las políticas a implementar, marcan el rumbo de cada presidenciable, con una disparidad que no es menor para el futuro de los habitantes de nuestro país y la región.
Las promesas electorales de rebaja en los impuestos y a la vez, mantener protecciones básicas en materia de concreción progresiva de derechos, son insostenibles a tal fin. La libertad de expresión, la salud pública, la educación y vivienda, la seguridad social, el debido proceso, el voto –que son algunos de los derechos que más valoramos- no son gratuitos. Requieren recursos económicos, el activismo estatal, y su intervención permanente.
Necesitamos tribunales, fuerzas de seguridad, organismos de control, instituciones previsionales, electorales, impositivas, etc., sin los cuales aquellas libertades y derechos no podrían garantizarse. La ausencia de un Estado que vele por su protección, los torna virtuales. Para ello, resulta indispensable la soberanía estatal en materia de recursos naturales en especial los energéticos-, de políticas monetarias y financieras, industria, ciencia y tecnología.
Promover un Estado débil, que sólo participe –a pérdida- en aquellas cosas que el libre mercado no provee-porque no dan ganancias-, demuestra el bajo compromiso con los derechos fundamentales, los cuales, sin duda se restringirán ante la primera crisis de recursos, como lo ha demostrado la historia.
Sin Estado no hay derechos. Los dispositivos del terrorismo de estado de la dictadura cívico militar (1976/83), imprimieron un sello para la adopción de un modelo de Estado económica y políticamente antidemocrático que determinados grupos pretenden hoy establecer, a través de su legitimación electoral. La retracción del Estado que siguió, dócilmente, con la aplicación de las políticas neoliberales alentadas por el Consenso de Washington y el proceso de re-mundialización de la economía, entre otras causas, produjeron una explosión de la desocupación, miseria, pobreza, desigualdad y alienación social. Tal realidad con sus consecuencias aún limitan a la población vulnerada para el acceso y ejercicio pleno de los derechos conquistados incorporados en el Bloque Federal de Constitucionalidad Argentina (CN + Instrumentos Institucionales de DDHH –art. 75, inc. 22 CN-).
Corresponde recordar que el equipo económico de Macri, integrado por discípulos y admiradores del nefasto ex ministro Cavallo, y destacados dirigentes de su partido, han apoyado y ejecutado esas políticas. Patricia Bullrich, cabeza de su lista de diputados nacionales -y anunciada como Presidenta de su bloque-, ni siquiera se arrepintió de la rebaja del 13% de los sueldos del personal del Estado y de las jubilaciones, que promovió siendo Ministra de Trabajo de De la Rua.
La excusa del Ingeniero Macri para no responder sobre los ejes de su política, argumentando que se gobierna con un equipo, expresa la elusión de responsabilidades y el desconocimiento de la Constitución Nacional, cuyo art. 99 establece que el Presidente “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”.
Sin embargo en los 8 años de Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una demostración de escaso apego la institucionalidad, ha vetado más de 200 leyes aprobadas por la Legislatura con el voto de los legisladores de su propio partido -que por lo visto no son parte de su equipo- y ha sub-ejecutado las partidas presupuestarias destinadas a programas sociales.
Especial mención, merece el compromiso del candidato Macri de promover la suspensión de Venezuela como miembro del MERCOSUR, invocando la “Cláusula Democrática”, con el argumento que en el hermano país “hay militares en el gobierno” y “presos políticos”. Esta afirmación denota una profunda ignorancia y una evidente alineación con la política intervencionista de EEUU. La “cláusula” fue creada en 1998, mediante el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR. La medida sólo puede tomarse por consenso entre los integrantes del bloque, ante la “ruptura del orden democrático en uno de los Estados”, y por tanto es inaplicable en el caso de Venezuela, pues su gobierno ha sido elegido por el pueblo bajo uno de los sistemas electorales más transparente y eficientes, de acuerdo al reconocimiento de organismos internacionales. La insólita propuesta resulta, “no casualmente”, absolutamente funcional a los intereses de Estados Unidos, para cuya satisfacción está el romper con la unidad del bloque regional iniciado y proyectado en el marco de una integración distinta –por opuesta- a la hegemónica. Deja a las claras cuál sería la política exterior de este aspirante a la presidencia, retornando a la sumisión de la órbita norteamericana, que tanto daño ha causado en el pasado, y continúa causando hoy en México y Colombia, por citar sólo algunos países en los que tiene el mayor grado de intervención a través de los TLC -destruyendo sus economías al eliminar los sectores productivos que compiten con los propios-, y de ocupación con fuerzas de seguridad que, paradójicamente, a diario van generando un “genocidio por goteo”-. Además confunde “presos políticos”, como si hubieran sido encarcelados por su militancia partidaria a la que tienen derecho, con “políticos presos”, que son quienes fueron imputados y están siendo juzgados por promover “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”, que provocaron decenas de muertos, y que en la Constitución Argentina son pasibles de la misma pena “de los infames traidores a la patria” e “inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas” (arts. 29 y 36, CN) . Un candidato a Presidente está obligado a conocer la Constitución Nacional. Por ello, la AAJ sostiene su más absoluto rechazo a tal posición, porque rechazamos la ideología que la sustenta.
Los derechos humanos son, con independencia de su positividad normativa- las necesidades reales, -materiales y culturales-, de las personas, grupos y pueblos, sus potencialidades de existencia y calidad de vida que corresponden a un determinado grado de desarrollo de la capacidad de producción en una formación económico-social. Éstos van tomando proyección normativa, en la medida que la relación de fuerzas existente entre las diversas clases sociales ha permitido plasmarlos. Una vez transformados en normas del derecho positivo, se inicia la lucha de quienes han sido beneficiados por hacerlos realidad, para lo cual deberán enfrentar las maniobras de los perjudicados por frustrarlos, sea por un retroceso legislativo, sea por una interpretación judicial o por una política negadora de la nueva norma. De allí, la necesidad no sólo de “más Estado” sino de “más Estado” gestionado desde y para promover y asegurar la igualdad real de todos los habitantes de nuestro país –especialmente mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad-, que es una manda ética hoy constitucionalizada (art. 75, inc. 23 CN).
Señalamos, una vez más la imperiosa necesidad de que los operadores del Derecho sean herramientas comprometidas, activas y eficaces de dicha ética. Ésta, puesta en decisiones políticas y sociales, es la única que se hace cargo del desafío de construir una sociedad democrática de base igualitaria.
La AAJ continuará en esta construcción, en el camino del desarrollo progresivo de la expansión de derechos que nos garantice “el buen vivir” para nuestro pueblo, en armonía con todos los pueblos de la “ Patria Grande” –Nuestra América-.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015
Beinusz Szmukler
Presidente Consejo Consultivo Continental - Asociación Americana de Juristas
Arístides Corti
Presidente Consejo Consultivo - Asociación Argentina de Juristas
Liliana Constante
Secretaria General - Asociación Argentina de Juristas
Claudia V. Rocca
Vice- Presidenta Asociación Argentina de Juristas (MC)- 1° Vocal
Cristina Livitsanos
Pro-Secretaria General Asociación Argentina de Juristas
Cristina Livitsanos
Pro-Secretaria General Asociación Argentina de Juristas
María Cristina Jorge Rodriguez
Secretaria de Finanzas Asociación Argentina de Juristas
Antenor Ferreyra
Vocal - Asociación Argentina de Juristas
Ernesto Moreau
Miembro del Comité Ejecutivo Continental - Asociación Americana de Juristas
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