La Asociación Argentina de Juristas, Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, ONG con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, reitera su más enérgico repudio, por el enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón, por parte del Tribunal Supremo de España. La primera causa en la que se acaba de dictar sentencia refiere a un juicio por blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, que compromete a dirigentes del Partido Popular en el gobierno, en la cual Garzón, a pedido de los investigadores, con acuerdo de la Fiscalía, dispuso la intervención de las conversaciones telefónicas mantenidas en la cárcel entre los imputados y sus defensores, a merito de una posible complicidad entre los mismos para cometer nuevos delitos. Al disponer la medida, Garzón señaló expresamente que de la transcripción de las grabaciones debía excluirse aquello que pudiera vulnerar el derecho de defensa. Y de hecho la medida no provocó perjuicio alguno a los procesados. Pero aún en el caso que una prueba obtenida implicara una lesión al derecho de defensa, lo que no sucedió en el caso, normalmente el Tribunal debe desecharla, y si no lo hace el de primera instancia, el de apelación o el Supremo declararían su nulidad. De modo que resulta clara la inexistencia de base para la condena del magistrado interviniente por prevaricato, y que el objetivo del Tribunal Supremo es un castigo por el atrevimiento de Garzón de pretender juzgar los crímenes de lesa humanidad del franquismo, y al mismo tiempo una advertencia a la judicatura española que no se permitirá ninguna investigación que ponga en peligro la impunidad concertada, bajo cuerda, en el Pacto de la Moncloa para los responsables del secuestro y falseamiento de su identidad de más de 30.000 hijos de familias republicanas, la desaparición forzada de 115.000 republicanos, la masacre de más de 300.000, la detención ilegal, la tortura y el sometimiento a la esclavitud de centenares de miles y el desplazamiento al exilio de más de medio millón, así como la remisión de decenas de miles a los campos nazis de exterminio. Ninguno de estos crímenes ha sido investigado en España, pero se sanciona brutalmente al juez que quiso hacerlo, también económicamente, al privarlo de su cargo, de todo ingreso para su sustento, e imponerle multas y costas.
Los argentinos tenemos un especial deber de gratitud por la invalorable contribución que Garzón hizo al impulso de la investigación de los crímenes del terrorismo de estado cometidos en la Argentina y Chile, Por ello la AAJ formula un llamado a centros académicos, organismos de derechos humanos y a las autoridades de los tres poderes del Estado, a expresarle su solidaridad, invitándolo a asumir funciones adecuadas a su capacidad y experiencia en nuestro país.
Buenos Aires, 12de febrero de 2012.-
Beinusz Szmukler
Presidente del Consejo Consultivo Continental
Carlos M. Vilas
Vice-presidente Rama Argentina
Claudia Rocca
Secretaria General
María Cristina Hammermuller
Tesorera
Rosana Actis
Secretaria de Prensa
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