La
Asociación Argentina de Juristas - Rama Nacional de la Asociación Americana de
Juristas, organización continental no gubernamental, con estatuto consultivo en
la ONU,- entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la autodeterminación
de los pueblos, la promoción de los derechos humanos y su
efectiva vigencia, y la defensa del estado democrático y social de derecho; expresa su profunda preocupación por las
consecuencias de los actos de protesta por parte de algunas fuerzas de
seguridad provinciales en reclamo por mejoras en sus condiciones laborales que,
en forma concomitante provocaron atentados colectivos contra la propiedad
(saqueos), y actos de violencia y de perturbación del orden público con la
pérdida de vidas humanas y múltiples daños materiales a la población.
A
pesar de existir claras señales de normalización, a resultas de la concesión de
aumentos vía decreto, otorgados por gobernadores -muy por encima de lo pautado
para otros sectores-, este conflicto ha puesto en evidencia la imperiosa
necesidad de discutir las políticas de seguridad interior, atento que su
vulnerabilidad resulta hoy una eficaz vía de desestabilización de las
instituciones democráticas y la convivencia republicana. El análisis de los
factores que componen y generan estos hechos resulta la vía necesaria para
detener este proceso y buscar los mecanismos y soluciones tendientes a evitar
su reiteración.
A
tal efecto debe señalarse que:
-Los
disturbios y saqueos sufridos no constituyen, en este caso, protesta social.
Aparecen coincidentemente con la
desaparición del servicio de seguridad provocado por un reclamo sectorial, que
no ha sido debidamente detectado y abordado oportunamente por el poder político
provincial.
-El
conflicto se da en el marco de destituciones en las cúpulas policiales por sus
vínculos con el narcotráfico y denuncias por manejo de bandas delictivas.
-Las
bases funcionales, orgánicas y doctrinarias de las fuerzas policiales son las
mismas que se establecieron cuando
fueron creadas hace un siglo y medio, y siguen
aun reproduciendo casi las mismas prácticas represivas y corruptas del pasado. Su
estructura y disciplina verticalista, es propicia para que sectores reaccionarios
ganen mayor peso en sus filas, resultando permeables a la manipulación de los
grupos económicos dominantes, espacios de poder y/o organizaciones delictivas,
para utilizarlas como brazo ejecutor en defensa de sus intereses. Esto se
perpetúa ante la apatía e incapacidad con que los sucesivos gobiernos abordaron
los asuntos de la seguridad pública, y fundamentalmente las cuestiones
policiales y las problemáticas criminales.
-Paralelamente a esta grave situación,
asistimos a la utilización de las redes sociales para instar al delito y al
caos, y, a la par que se anuncian los aumentos concedidos bajo presión, líderes empresariales y funcionarios del Fondo
Monetario Internacional advierten sobre “un excesivo gasto público”, los altos
costos laborales y de asistencia social, sacudiendo el fantasma de la crisis
económica, en clara oposición al modelo del gobierno, mientras algunos medios masivos
de comunicación prometen mas caos fomentando el “sálvese quien pueda”.
Si bien las instituciones y la ciudadanía argentina han demostrado, a
lo largo de estas tres décadas, una poderosa capacidad para procesar y superar
conflictos, el Estado aún sigue sin diseñar una política integral de seguridad
democrática. A consecuencia de ello, asistimos a una nueva forma operativa de
desestabilización institucional, aplicada –con mayor o menor éxito- en otros
países del continente que atravesaban o atraviesan procesos emancipatorios del
poder imperial, con aspiraciones de desarrollo progresivo para sus pueblos.
POR TODO ELLO,
la Asociación Argentina de Juristas, Rama Nacional de
la Asociación Americana de Juristas, ONG con estatuto consultivo en las
Naciones Unidas,
EXPRESA sus condolecías a los familiares y allegados
de las víctimas fatales, su solidaridad con las víctimas de los daños
materiales, reclamando para ellos la debida reparación.
DEMANDA, una profunda investigación de
las causas de las muertes generadas en este conflicto, sus autores materiales,
intelectuales, cómplices y facilitadores, que lleve a la determinación y
sanción de los responsables de los daños a la propiedad y a la vida, como
también de los responsables e instigadores de los delitos contra el orden
público y la estabilidad institucional. Su impunidad sería un estímulo a la
repetición de estos crímenes. En tal sentido, saludamos la iniciativa de la Procuradora
General de la Nación, en relación con la creación de una Comisión especial al
efecto.
CONVOCA a todas las fuerzas políticas,
organizaciones sociales e instituciones de derechos humanos a participar
activamente en la defensa de las instituciones y en la construcción de un
espacio de discusión de la seguridad democrática y ciudadana, para arribar a un
nuevo modelo de fuerza policial conformada por trabajadores especializados e
integrados a la comunidad, que tengan como objetivo asegurar las condiciones de
desarrollo progresivo para nuestro pueblo, contribuyendo a su emancipación.
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013.
E. Raul
Zaffaroni
Presidente
Claudia V. Rocca
Vicepresidenta Rama Argentina
María G. de Diaz De Guijarro
Secretaria
General Rama Argentina
