lunes, 30 de noviembre de 2015

Declaración de la Asociación Americana de Juristas llamando al gobierno de los EEUU a poner fin al bloqueo contra Cuba, devolver territorio cubano en Guantánamo y suspender la Ley de Ajuste cubano



La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en la Naciones Unidas, saludó con satisfacción el anuncio paralelo de los presidentes de la República de Cuba y los Estados Unidos del 17 de diciembre de 2014 de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países y el posterior encuentro entre ambos mandatarios durante la sesión por el 70 aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
A partir del anuncio, ambos países reabrieron sedes diplomáticas en sus respectivas capitales y el presidente Obama tomó algunas medidas para normalizar las relaciones, como son algunas de las enmiendas a regulaciones en los Departamentos del Tesoro y
Comercio, cambios que son positivos, pero insuficientes y es momento de poner fin al doble discurso. El bloqueo sigue vigente por decisión unilateral y es el principal obstáculo para la normalización de dichas relaciones entre las dos naciones. El
levantamiento del cruel e infame bloqueo impuesto por los EEUU contra Cuba es el clamor mundial que requiere de acción del Congreso estadounidense y de que el Presidente Obama use plenamente sus facultades ejecutivas.
En la Asamblea General de la ONU, en más de 20 ocasiones, la abrumadora mayoría de los países miembros han condenado el bloqueo, mediante la Resolución denominada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. El 27 de octubre de 2015 la misma resolución se presentó ante la Asamblea General y puso en evidencia la condena del
mundo a tan infame e inconcebible bloqueo, con un récord de votos a favor y solo dos en contra, EE.UU e Israel.
Como consecuencia de la vigencia de la conocida Ley de Ajuste Cubano y su política imperial de “Pies Secos - Pies Mojados” se estimula la emigración irregular y desordenada que pone en peligro la vida de numerosas personas que son víctimas de
traficantes de personas y crean situaciones no deseadas en terceros países. A esto se agrega el Programa de Parole para Profesionales Médicos que prestan colaboración solidaria en varios países en materia de salud, con lo que saquean y privan a la nación cubana de sus profesionales formados con esfuerzo y dedicación. 
De otra parte, en el Territorio de la Base Naval de Guantánamo, que los Estados Unidos ocupa contra la voluntad del pueblo cubano, sigue abierta y funciona una cárcel que sirve de centro de interrogatorio y torturas de presuntos terroristas, violando las más elementales normas del Derecho Internacional y Humanitario. La comunidad internacional reclama su cierre definitivo. La comunidad internacional reclama su cierre definitivo y que se ponga fin a la arbitrariedad que comete el país que se
autoproclama defensor de los derechos humanos.
Por tales razones:
La AAJ exige al gobierno de los Estados Unidos poner fin al bloqueo financiero, económico y comercial contra Cuba mediante la legislación necesaria en el Congreso y uso de las prerrogativas ejecutivas que la ley confiere al presidente estadounidense. Asimismo, como señal de un nuevo periodo y expresión de buena voluntad abrir un dialogo que lleve a la devolución del territorio cubano en Guantánamo y a la
reparación por los daños causados por el bloqueo al pueblo cubano y suspender la política migratoria de Pies secos - Pies mojados y el programa de Parole contra los profesionales médicos de la salud.


Dado a los 29 días del mes de noviembre, en San Salvador El Salvador, con motivo de la Asamblea de Ramas de la AAJ.

Vanessa Ramos
Presidenta AAJ Continental

Antonio Raudilio Martín Sánchez
Primer Vicepresidente

Hernán Rivadeneira Játiva
Secretario General

Beinusz Szmukler
Presidente del Consejo Consultivo

Declaración de la Asociación Argentina de Juristas, Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, ONG con estatuto consultivo ante la ONU, sobre la elección de Presidente y Vice-Presidente de la Nación.



En el ballotage del próximo domingo, la ciudadanía podrá optar sólo entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta, por adscripción o rechazo a las propuestas y a lo que representan uno u otro. En este escenario, el voto en blanco es un acto que aparece como sólo autosatisfactivo, que sirve para manifestar la disconformidad con los dos candidatos. En ese sentido, tomando en cuenta los guarismos eleccionarios de las primarias, el número de tales votantes, no tendrá la menor influencia en las futuras políticas públicas que determinarán un modelo de país. Conquistar y afianzar el derecho a elegir, ha requerido la lucha y el sacrificio de muchas generaciones en nuestro país. Por ello llamamos a ejercerlo, sin que ello implique renuncia a la propia identidad política o ideológica de cada un@
El debate presidencial ha mostrado las diferencias entre ambos candidatos, más allá de los clishé discursivos. Las posiciones en cuestiones centrales de uno y otro, los sectores de poder que representan, los conceptos sobre instituciones democráticas, su plan de gobierno (el explícito y el implícito), y los nombres que integran los futuros equipos que decidirán las políticas a implementar, marcan el rumbo de cada presidenciable, con una disparidad que no es menor para el futuro de los habitantes de nuestro país y la región.
Las promesas electorales de rebaja en los impuestos y a la vez, mantener protecciones básicas en materia de concreción progresiva de derechos, son insostenibles a tal fin. La libertad de expresión, la salud pública, la educación y vivienda, la seguridad social, el debido proceso, el voto –que son algunos de los derechos que más valoramos- no son gratuitos. Requieren recursos económicos, el activismo estatal, y su intervención permanente.
Necesitamos tribunales, fuerzas de seguridad, organismos de control, instituciones previsionales, electorales, impositivas, etc., sin los cuales aquellas libertades y derechos no podrían garantizarse. La ausencia de un Estado que vele por su protección, los torna virtuales. Para ello, resulta indispensable la soberanía estatal en materia de recursos naturales en especial los energéticos-, de políticas monetarias y financieras, industria, ciencia y tecnología.
Promover un Estado débil, que sólo participe –a pérdida- en aquellas cosas que el libre mercado no provee-porque no dan ganancias-, demuestra el bajo compromiso con los derechos fundamentales, los cuales, sin duda se restringirán ante la primera crisis de recursos, como lo ha demostrado la historia.
Sin Estado no hay derechos. Los dispositivos del terrorismo de estado de la dictadura cívico militar (1976/83), imprimieron un sello para la adopción de  un modelo de Estado económica y políticamente antidemocrático que determinados grupos pretenden  hoy establecer, a través de su legitimación electoral. La retracción del Estado que siguió, dócilmente, con la aplicación de las políticas neoliberales alentadas por el Consenso de Washington y el proceso de re-mundialización de la economía, entre otras causas, produjeron una explosión de la desocupación, miseria, pobreza, desigualdad y alienación social. Tal realidad con sus consecuencias aún limitan a la población vulnerada para el acceso y ejercicio pleno de los derechos conquistados incorporados en el Bloque Federal de Constitucionalidad Argentina (CN + Instrumentos Institucionales de DDHH –art. 75, inc. 22 CN-).
Corresponde recordar que el equipo económico de Macri, integrado por discípulos y admiradores del nefasto ex ministro Cavallo, y destacados dirigentes de su partido, han apoyado y ejecutado esas políticas. Patricia Bullrich, cabeza de su lista de diputados nacionales -y anunciada como Presidenta de su bloque-, ni siquiera se arrepintió de la rebaja del 13% de los sueldos del personal del Estado y de las jubilaciones, que promovió siendo Ministra de Trabajo de De la Rua.
La excusa del Ingeniero Macri para no responder sobre los ejes de su política, argumentando que se gobierna con un equipo, expresa la elusión de responsabilidades y el desconocimiento de la Constitución Nacional, cuyo art. 99 establece que el Presidente “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”.
Sin embargo en los 8 años de Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una demostración de escaso apego la institucionalidad, ha vetado más de 200 leyes aprobadas por la Legislatura con el voto de los legisladores de su propio partido -que por lo visto no son parte de su equipo- y ha sub-ejecutado las partidas presupuestarias destinadas a programas sociales.
Especial mención, merece el compromiso del candidato Macri de promover la suspensión de Venezuela como miembro del MERCOSUR, invocando la “Cláusula Democrática”, con el argumento que en el hermano país “hay militares en el gobierno” y “presos políticos”. Esta afirmación denota una profunda ignorancia y una evidente alineación con la política intervencionista de EEUU. La “cláusula” fue creada en 1998, mediante el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR. La medida sólo puede tomarse por consenso entre los integrantes del bloque, ante la “ruptura del orden democrático en uno de los Estados”, y por tanto es inaplicable en el caso de Venezuela, pues su gobierno ha sido elegido por el pueblo bajo uno de los sistemas electorales más transparente y eficientes, de acuerdo al reconocimiento de organismos internacionales. La insólita propuesta resulta, “no casualmente”, absolutamente funcional a los intereses de Estados Unidos, para cuya satisfacción está el romper con la unidad del bloque regional iniciado y proyectado en el marco de una integración distinta –por opuesta- a la hegemónica. Deja a las claras cuál sería la política exterior de este aspirante a la presidencia, retornando a la sumisión de la órbita norteamericana, que tanto daño ha causado en el pasado, y continúa causando hoy en México y Colombia, por citar sólo algunos países en los que tiene el mayor grado de intervención a través de los TLC -destruyendo sus economías al eliminar los sectores productivos que compiten con los propios-, y de ocupación con fuerzas de seguridad que, paradójicamente, a diario van generando un “genocidio por goteo”-. Además confunde “presos políticos”, como si hubieran sido encarcelados por su militancia partidaria a la que tienen derecho, con “políticos presos”, que son quienes fueron imputados y están siendo juzgados por promover “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”, que provocaron decenas de muertos, y que en la Constitución Argentina son pasibles de la misma pena “de los infames traidores a la patria” e “inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas” (arts. 29 y 36, CN) . Un candidato a Presidente está obligado a conocer la Constitución Nacional. Por ello, la AAJ sostiene su más absoluto rechazo a tal posición, porque rechazamos la ideología que la sustenta.
Los derechos humanos son, con independencia de su positividad normativa- las necesidades reales, -materiales y culturales-, de las personas, grupos y pueblos, sus potencialidades de existencia y calidad de vida que corresponden a un determinado grado de desarrollo de la capacidad de producción en una formación económico-social. Éstos van tomando proyección normativa, en la medida que la relación de fuerzas existente entre las diversas clases sociales ha permitido plasmarlos. Una vez transformados en normas del derecho positivo, se inicia la lucha de quienes han sido beneficiados por hacerlos realidad, para lo cual deberán enfrentar las maniobras de los perjudicados por frustrarlos, sea por un retroceso legislativo, sea por una interpretación judicial o por una política negadora de la nueva norma. De allí, la necesidad no sólo de “más Estado” sino de “más Estado” gestionado desde y para promover y asegurar la igualdad real de todos los habitantes de nuestro país –especialmente mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad-, que es una manda ética hoy constitucionalizada (art. 75, inc. 23 CN).
Señalamos, una vez más la imperiosa necesidad de que los operadores del Derecho sean herramientas comprometidas, activas y eficaces de dicha ética. Ésta, puesta en decisiones políticas y sociales, es la única que se hace cargo del desafío de construir una sociedad democrática de base igualitaria.
La AAJ continuará en esta construcción, en el camino del desarrollo progresivo de la expansión de derechos que nos garantice “el buen vivir” para nuestro pueblo, en armonía con todos los pueblos de la “ Patria  Grande” –Nuestra América-.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015


Beinusz Szmukler
Presidente  Consejo Consultivo Continental - Asociación Americana de Juristas

Arístides Corti
Presidente  Consejo Consultivo - Asociación Argentina de Juristas

Liliana Constante
Secretaria General - Asociación Argentina de Juristas

Claudia V. Rocca       
Vice- Presidenta Asociación Argentina de Juristas (MC)- 1° Vocal

Cristina Livitsanos 
Pro-Secretaria General Asociación Argentina de Juristas


Cristina Livitsanos 
Pro-Secretaria General Asociación Argentina de Juristas

María Cristina Jorge Rodriguez 
Secretaria de Finanzas Asociación Argentina de Juristas

Antenor Ferreyra 
Vocal - Asociación Argentina de Juristas

Ernesto Moreau 
Miembro del Comité Ejecutivo Continental - Asociación Americana de Juristas

jueves, 12 de noviembre de 2015

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DE LA AAJ CONTINENTAL

Estimad@s integrantes, adherentes e interesados en la labor de la A.A.J.:

nos complace informarles que ya se halla disponible - en su versión digital - el nuevo número de nuestra revista, el cual está publicado en el sitio web de la A.A.J. Continental en el siguiente link:
Agradecemos a tod@s l@s que colaboraron para ello.
Próximamente también estará disponible en versión papel y será distribuido entre los asociad@s y puesto a la venta de l@s interesad@s.
Muy cordialmente,

Comité Editor
AAJ Continental
Director: Beinusz Szmukler
Consejo Editor: Rosana Actis y Dinorah La Luz

lunes, 2 de noviembre de 2015

Condolencias por el fallecimiento del Obispo Aldo Etchegoyen


Quienes integramos la Asociación Argentina de Juristas (AAJ - Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, ONG con status consultivo ante el ECOSOC) expresamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento del Obispo Aldo Etchegoyen, pastor de la iglesia Metodista que, con férreas convicciones y cálida sensibilidad, fue un incansable luchador por la vigencia de los derechos humanos, no sólo en la Argentina sino en todo el continente.
Entre otros cargos, fue miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -ocupando el cargo de co-Presidente hasta hace pocos años-, Presidente del Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina y el Caribe, Vice- Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (Pcia. de Buenos Aires), y Director del Programa Independencia y Acceso a la Justicia para América Latina. Su activa militancia ha dejado una huella imborrable en el movimiento de Derechos Humanos, y un legado de comprometida humanidad para las generaciones presentes y futuras.

Hacemos llegar las manifestaciones de nuestro pesar y solidaridad a toda su familia, amigos y compañeros.
Buenos Aires, 1º de Noviembre de 2015.
El Servicio de Despedida se llevara a cabo a las 20.00 en la Primera Iglesia Metodista (Av. Corrientes 718 - CABA ) . Se hará un ultimo servicio de despedida, en el Cementerio Británico de la Ciudad de Buenos Aires, el lunes 2 de noviembre a las 13 hs.
Eugenio Raul Zaffaroni 
Presidente Asociación Argentina de Juristas.

Beinusz Szmukler
Presidente Consejo Consultivo Continental - Asociación Americana de Juristas

Nelly Minyersky 
Presidenta del Consejo Consultivo Asociación Argentina de Juristas

Claudia V. Rocca 
Vice- Presidenta Asociación Argentina de Juristas

Maria G. de Diaz de Guijarro
Secretaria General Asociación Argentina de Juristas